La Iglesia cede propiedades para vivienda social en Cataluña
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La Iglesia católica en Cataluña ha firmado un acuerdo con la Generalitat para ceder temporalmente bienes inmuebles de su propiedad con el objetivo de promover la construcción de vivienda social. Esta iniciativa surge ante la creciente problemática de acceso a la vivienda en España, donde se estima un déficit de más de 700.000 unidades.
Un acuerdo para paliar el déficit habitacional
El “protocolo de actuación”, firmado por el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, permite la cesión de propiedades eclesiásticas que actualmente no están en uso debido a diversas razones, entre ellas, la falta de financiación para su mantenimiento.
El arzobispo Planellas enfatizó que la Iglesia conserva la propiedad de los bienes cedidos.
La iniciativa abarca desde solares hasta antiguas casas rectorales, aprovechando la amplia presencia de la Iglesia en el territorio catalán, con presencia en más de 900 municipios. La idea es que el gobierno catalán pueda rehabilitar estos inmuebles y destinarlos a vivienda social.
Funcionamiento del protocolo
Cada diócesis catalana elaborará un listado de los bienes inmuebles disponibles.
Una comisión de expertos, integrada por representantes de la Iglesia y de la Generalitat, evaluará cada propiedad y definirá un contrato específico. Este contrato establecerá las condiciones de la cesión, que podría extenderse por periodos de “30, 40 o 50 años”, dependiendo de la inversión necesaria y las características de cada caso.
La Iglesia como parte de la solución
El arzobispo Planellas reconoció que esta iniciativa no resolverá por completo el problema de la vivienda, pero representa una contribución importante por parte de la Iglesia.
Subrayó que la solución a la crisis habitacional requiere la participación de todas las instituciones. La Generalitat se encargará de las inversiones necesarias para la rehabilitación de los edificios y de la gestión de los cambios de uso que puedan ser necesarios.
Un modelo “exportable”
Planellas sugirió que este modelo de colaboración público-privada podría ser replicado en otras comunidades autónomas.
Para ello, las diócesis deberían llegar a acuerdos similares con sus respectivos gobiernos autonómicos, siempre bajo un protocolo general que proteja los bienes y establezca los procedimientos a seguir.
