Universidad Complutense aprueba drástico recorte de 33 millones de euros

Universidad Complutense aprueba drástico recorte de 33 millones de euros
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Universidad Complutense aprueba drástico recorte de 33 millones de euros

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El Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha dado luz verde a un recorte presupuestario de 33,18 millones de euros. Esta medida busca hacer frente a la compleja situación económica que atraviesa la institución, la cual se vio obligada a solicitar un préstamo de 34,5 millones de euros a la Comunidad de Madrid a finales del año pasado, tras acumular un déficit de 142 millones de euros entre 2023 y 2024.

El rector de la UCM, Joaquín Goyache, comunicó a la comunidad universitaria mediante un correo electrónico que el ejercicio 2024 cerró con un déficit presupuestario ajustado de 33,19 millones de euros, lo que exige la implementación de medidas para restablecer el equilibrio financiero. Para ello, se ha aprobado un Plan Económico-Financiero (PEF) para el periodo 2025-2028.

Según el análisis realizado en el PEF, este desequilibrio se debe principalmente a factores estructurales y a una financiación que no ha crecido al mismo ritmo que los gastos. Entre 2019 y 2024, los ingresos aumentaron un 15%, mientras que el gasto total se incrementó en un 27%. Una parte importante de este aumento corresponde a gastos sobrevenidos y difíciles de controlar por la universidad, derivados principalmente del aumento del gasto energético, incrementos salariales, obligaciones legales y mayores costes sociales.

El PEF presentado por el rectorado es una exigencia de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para las entidades que se encuentran en situación de déficit.

Durante años, las universidades públicas de la región han sobrevivido gracias a ingresos extra obtenidos en los tribunales al Gobierno regional. Sin embargo, esos fondos se han agotado y las transferencias nominativas que realiza el Gobierno regional, principal fuente de financiación de las universidades, no son suficientes para cubrir las nóminas. En el caso de la Complutense, recibió 418 millones de euros en 2009, mientras que en 2024 la cifra fue de 403 millones, quince millones menos sin considerar el aumento del coste de la vida.

Críticas al plan de ajuste

El Comité de Empresa del personal docente investigador (PDI) ha expresado su desacuerdo con la forma en que el rectorado ha abordado la situación. En un comunicado, señalan que el propio rectorado reconoce que el origen principal del déficit de la UCM es la **infrafinanciación estructural por parte de la Comunidad de Madrid**, derivada de no cubrir adecuadamente los incrementos salariales y el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social.

El comité critica que, en lugar de exigir una financiación pública suficiente y estable, el rectorado asume sin cuestionamiento el déficit estructural y traslada un ajuste de 33,18 millones de euros directamente a la plantilla, a la actividad académica e investigadora y, en definitiva, a toda la comunidad universitaria.

Los sindicatos lamentan que la universidad haya implementado recortes antes de aprobar cualquier plan de estabilidad. Por ejemplo, hace más de un año, el rector ordenó a facultades y departamentos reducir sus gastos en un 35%. La situación ha sido tan crítica que Goyache se vio en la necesidad de emitir una nota pública garantizando a los trabajadores el cobro de las nóminas. Ese recorte del 35% se mantendrá en 2026 y 2027, según informó la propia universidad.

Los sindicatos denuncian restricciones en contrataciones, reducción de las exenciones docentes, limitación de sustituciones, recortes de derechos laborales (como la reducción salarial en la nómina de los investigadores predoctorales) y contención del gasto en centros.

Jubilaciones como solución

El PEF presentado por el rectorado se basa en jubilaciones y recortes como la vía para recuperar la estabilidad financiera. Concretamente, el ajuste contempla la jubilación de 139 profesores en 2026, 89 en 2027 y 91 en 2028. Esto supone la reducción de 319 profesores en tres años, lo que debería aportar un ahorro total de 21,22 millones de euros. Para el personal técnico, de gestión y de administración y servicios, el ajuste será de 11,34 millones de euros.