Nueve años después, la Justicia declara no urbanizable El Algarrobico
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado por concluida la ejecución de la sentencia de 2016, que se hizo firme en 2018, declarando no urbanizable el paraje donde se encuentra el hotel de la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). Este edificio, con 411 habitaciones y una veintena de plantas, promovido por Azata del Sol, está situado en zona de servidumbre de la Ley de Costas y dentro del Parque Natural de Cabo de Gata. Su construcción fue paralizada por orden judicial en 2006, cuando ya se había ejecutado el 80% del proyecto.
La adaptación del plan urbanístico municipal para reflejar la sentencia del TSJA ha tomado ocho años, cinco de ellos desde que se inició la ejecución. La sentencia inicial se dictó el 18 de julio de 2016, hace casi una década.
Según denuncias de ecologistas y de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento ha utilizado diversas tácticas dilatorias para retrasar el cumplimiento de la sentencia. José Ignacio Domínguez, abogado de Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción, recuerda que la obligación de adaptar el PGOU surgió hace 32 años, con la publicación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales en el BOJA en 1994.
La serie de maniobras que han provocado estos retrasos incluyen publicaciones incompletas, errores de identificación, planos incorrectos y la solicitud de nuevos informes. Ecologistas en Acción ha llevado el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos debido a estas demoras.
Los magistrados han advertido en varias ocasiones a los sucesivos alcaldes sobre posibles multas por no cumplir las resoluciones judiciales, aunque nunca se llegó a aplicar ninguna sanción.
Cada error ha supuesto una nueva marcha atrás o la paralización del proceso, incumpliendo los plazos prometidos. El Ayuntamiento incluso contrató como asesor jurídico externo al exmagistrado que dictó la única sentencia que consideró legal la construcción.
Incluso en los últimos meses, el cumplimiento no estuvo claro. La Sala insistió en la publicación del “contenido íntegro” de las nuevas normas urbanísticas tras una primera publicación insuficiente denunciada por la Junta de Andalucía.
La constatación de que el suelo de El Algarrobico es no urbanizable en el plan urbanístico de Carboneras no garantiza el derribo del edificio. La licencia de obras sigue vigente casi 25 años después de su concesión.
El Ayuntamiento tramita desde el año pasado la revisión de esa licencia para cumplir otra sentencia del TSJA, firme desde 2021. Sin embargo, para esta revisión se requiere un informe del Consejo Consultivo de Andalucía. Los ecologistas denuncian que la tardanza en remitir el expediente al Consultivo podría provocar la caducidad del proceso, obligando a repetirlo y retrasando la demolición.
Sin cuestiones “pendientes de decidir”
El auto dictado recientemente pone fin al procedimiento para ejecutar la sentencia que obliga a declarar el suelo de El Algarrobico como “no urbanizable”. Los magistrados constatan que no hay “cuestión pendiente de decidir” tras la publicación de los cambios en el plan general en el boletín oficial de la provincia el pasado 12 de enero.
Se cumple así la sentencia de 2016, resultado del recurso de las organizaciones ecologistas Salvemos Mojácar, Ecologistas en Acción y Greenpeace, que revocaba el acuerdo de 2009 que cambiaba la consideración de los sectores ST-1 y ST-2, este último referente a El Canillar.
El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, solicitó el archivo del procedimiento contra la administración local tras la modificación parcial del plan general de ordenación urbana, justificando la demora en “vicisitudes” no imputables a la corporación local.
La vía de la expropiación
La ejecución de las sentencias es la vía preferida por el Gobierno andaluz para resolver el caso. Paralelamente, el Gobierno central ha propuesto expropiar los terrenos situados en dominio público marítimo-terrestre, unos 16.000 metros cuadrados, aunque la Junta de Andalucía no se ha sumado a esta iniciativa.
La ministra de Hacienda anunció esta propuesta hace un año. Ahora, un tribunal administrativo deberá valorar el justiprecio a pagar por el terreno. Azata solicitó 44,5 millones de euros, pero el Gobierno rechazó la petición y realizó una contraoferta de poco más de 16.000 euros. Si no hay acuerdo, se sumará otro proceso a la ya densa maraña judicial que rodea El Algarrobico.
