La crisis de la vivienda en España: "Se mira desde el punto de vista de los propietarios
Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
El pasado 5 de febrero, coincidiendo con la borrasca Marta, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó su encuesta anual sobre Condiciones de Vida. Los datos revelan que más del 25% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, y un 36% no pudo hacer frente a gastos imprevistos en 2025.
Paralelamente, el precio de la vivienda continúa su escalada, superando máximos históricos desde 2008. En la Región de Murcia, la vivienda de segunda mano ha experimentado un encarecimiento de casi el 30%, liderando el aumento de precios a nivel nacional.
Ante este panorama, el Sindicato de Vivienda de Murcia invitó al historiador, activista y miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Pablo Carmona, para presentar su libro ‘La democracia de los propietarios’ (2022) y ofrecer una charla sobre la problemática de la vivienda y el papel de las organizaciones sociales.
Políticas públicas y el valor de los activos inmobiliarios
Carmona critica que las políticas públicas en materia de vivienda no buscan solucionar el problema de fondo, sino que actúan como “parches” destinados a mantener el valor de los activos inmobiliarios.
“El único objetivo de las políticas públicas de vivienda del Estado español es mantener el valor de los activos inmobiliarios”, afirma Carmona. Esto implica que los propietarios puedan vender sus viviendas a precios de mercado, garantizando la “profecía del propietario”.
Según Carmona, aunque se hable mucho de políticas públicas de vivienda, estas han protegido principalmente al casero particular, el mayor tipo de rentista del país. La Ley de Vivienda, por ejemplo, permite a los propietarios obtener beneficios fiscales por alquilar sin penalizar precios desorbitados.
El peso de la propiedad inmobiliaria en la economía
El valor de las propiedades inmobiliarias en manos de particulares supera cuatro veces el Producto Interno Bruto (PIB) de España. Este es el principal activo que sostiene a la clase media.
Socializar la vivienda implica tocar el bolsillo a una parte importante de la población, ya que más de dos millones de personas reciben ingresos por alquileres. Por esta razón, la cuestión se aborda desde la perspectiva de los propietarios.
El fondo España Crece: ¿solución o reactivación del sector?
Ante el anuncio del gobierno sobre el fondo España Crece, que movilizará 23.000 millones para construir 15.000 viviendas al año, Carmona se muestra escéptico.
Recuerda que Sánchez ha anunciado en los últimos años más de 180.000 viviendas que no se han concretado. Considera que el objetivo real es reactivar el sector constructor e inmobiliario, lo que podría derivar en un aumento de precios y un mayor endeudamiento de las familias.
La sociedad organizada y la desconfianza en las políticas públicas
Carmona enfatiza la necesidad de desconfiar de que las medidas y políticas públicas progresistas solucionen el problema de la vivienda. “Tenemos que saber quedarnos huérfanos”, afirma, destacando la importancia de construir alternativas desde la sociedad organizada.
Estas alternativas pasan por poner sobre la mesa el derecho fundamental a la vivienda, por encima de los sistemas de precios y de propiedad. Esto incluye la okupación como respuesta a la falta de alternativas para miles de familias.
La vivienda como derecho y no como mercancía
Carmona insiste en que la cuestión de la vivienda es política, no ética ni moral. Es necesario construir una correlación de fuerzas y posiciones políticas que permitan defender a quienes se quedan fuera del mercado de la vivienda.
El problema de la vivienda no se resolverá hasta que no se termine con el capitalismo, ya que el centro de este sistema es la protección y la organización de la propiedad privada, lo que implica la acumulación de propiedades, en contraposición al reparto de los bienes materiales necesarios para vivir.
Clase social, generación y la crisis de la imposibilidad
El factor principal que influye en la cuestión de la vivienda es la clase social, relacionada con el nivel de ingresos. Las rentas más bajas son las que peor lo pasan en el mercado del alquiler.
Carmona habla de la “crisis de la imposibilidad”, similar a la de los años 40 y 50, con grandes movimientos poblacionales hacia las grandes ciudades. En esta crisis, personas con trabajo no pueden hipotecarse ni acceder a un alquiler, lo que deriva en hacinamiento, alquiler por habitaciones y asentamientos informales.
La responsabilidad del propietario y la normalización de los desahucios
Carmona plantea la necesidad de limitar al máximo o incluso eliminar el beneficio de los propietarios, eliminando la idea de que la vivienda debe ser un negocio. También destaca la importancia de proteger a quienes en los próximos años caerán en el impago.
El riesgo de normalizar los desahucios radica en la falsa creencia de que a uno no le va a tocar. Las crisis de empleo también son crisis de impago de vivienda, afectando a quienes tienen hipoteca, a quienes viven de alquiler y a quienes no tienen ninguna de las dos cosas.
