MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA FAMILIAS DESALOJADAS POR LA BORRASCA LEONARDO
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El Gobierno español ha aprobado una medida de emergencia para proteger a las familias afectadas por la borrasca Leonardo, que ha causado graves daños en diversas regiones del sur del país.
En una decisión sin precedentes, el Consejo de Ministros ha activado el nuevo Real Decreto-ley de emergencia de precios, estableciendo límites a las tarifas de los servicios hoteleros en catorce municipios de Andalucía y Extremadura durante una semana.
Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, entró en vigor el miércoles 18 de febrero y se extenderá hasta el día 25 del mismo mes.
El objetivo principal es evitar incrementos repentinos en los precios de los alojamientos turísticos mientras una parte de la población evacuada permanece fuera de sus hogares y el flujo de visitantes se normaliza.
MUNICIPIOS AFECTADOS POR LA LIMITACIÓN DE PRECIOS
La medida de control de precios abarca los siguientes municipios:
- Cádiz: Grazalema, Jerez, Ubrique y Vejer de la Frontera.
- Granada: Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra.
- Jaén: Cazorla y Santisteban del Puerto.
- Málaga: Benaoján y Ronda.
- Badajoz: Burguillos del Cerro y Medellín.
En estas localidades, las intensas lluvias y vientos provocados por la borrasca Leonardo obligaron a la evacuación de numerosas personas, algunas de las cuales todavía se encuentran alojadas en hoteles o alojamientos turísticos.
Según los criterios establecidos por el Gobierno, la medida se aplica en municipios donde haya más de diez personas evacuadas y que estas representen al menos el 0,1% de la población total.
DETALLES DE LA REGULACIÓN DE PRECIOS
La normativa prohíbe a hoteles, hostales y apartamentos turísticos aumentar sus precios con respecto a los vigentes durante el mes anterior al inicio de la emergencia.
Además, los establecimientos deberán informar a los consumidores de forma clara sobre la existencia de esta limitación y especificar los precios aplicables.
El decreto establece que, en caso de incumplimiento, los consumidores tendrán derecho al reembolso, reforzando la protección contra posibles abusos o prácticas especulativas.
Esta intervención gubernamental busca prevenir un efecto inflacionario inmediato en el sector del alojamiento, especialmente en áreas donde la demanda ha aumentado considerablemente debido a la necesidad de realojo temporal.
Fuentes del Ministerio han señalado que “el propósito no es interferir en la actividad económica habitual, sino garantizar condiciones justas en un contexto de vulnerabilidad social y emergencia climática”.
PRIMERA APLICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY
Este acuerdo representa la primera activación del nuevo mecanismo legal aprobado la semana pasada, que permite al Ejecutivo declarar una situación de emergencia para establecer límites de precios en bienes y servicios básicos o esenciales.
Hasta ahora, no existía un instrumento legal que autorizara al Gobierno a intervenir directamente en sectores económicos por motivos de protección social inmediata.
De acuerdo con el texto oficial, esta medida podrá aplicarse en cualquier territorio del Estado “cuando se acredite un riesgo de desabastecimiento, encarecimiento injustificado o alteración grave del acceso equitativo a servicios básicos”.
El Ministerio de Derechos Sociales ha resaltado la colaboración de las autoridades autonómicas y municipales, que han facilitado el censo de establecimientos y el registro de familias afectadas. Paralelamente, se ha habilitado un canal de atención directa para reclamaciones de consumidores a través del Instituto Nacional de Consumo.
El Consejo de Ministros ha agradecido formalmente a los establecimientos hoteleros que han colaborado con las administraciones locales para agilizar el realojo de las familias evacuadas. En municipios como Grazalema o Cazorla, numerosos alojamientos han ofrecido habitaciones a precios reducidos o incluso de forma gratuita durante las primeras horas tras los desalojos.
El ministro Pablo Bustinduy enfatizó que “la solidaridad de los vecinos y de los empresarios turísticos ha sido ejemplar”, recordando que “las emergencias climáticas exigen no solo respuestas inmediatas, sino mecanismos de justicia económica y protección social que eviten abusos en momentos de crisis”.
El Gobierno continuará evaluando la situación meteorológica y no descarta extender la medida si las condiciones lo requieren. Mientras tanto, las familias afectadas por la borrasca Leonardo esperan poder regresar a sus hogares a lo largo de la próxima semana, una vez concluyan las tareas de inspección y reparación en las zonas más dañadas.
