La Audiencia de Granada ha condenado a una pareja a un total de 17 años de prisión para cada uno por los malos tratos y las agresiones sexuales continuadas a las que fue sometida la hija de ella. La víctima sufrió los hechos, que ahora han sido juzgados, desde que tenía seis años y convivía con ambos en el domicilio familiar.

La sentencia establece que la madre, pese a que conocía lo que estaba ocurriendo, “no hizo nada para impedirlo”.

Por este motivo, el tribunal le impone la misma condena que al agresor, considerándola autora del delito contra la libertad sexual de su hija al ostentar una posición de garante sobre ella.

El fallo judicial, contra el que cabe recurso, considera probado que la pareja se dirigía de forma despectiva a la niña, insultándola y golpeándola de forma habitual. A partir de que la menor cumplió los 13 años, las agresiones se recrudecieron con frecuentes agresiones sexuales por parte de la pareja de su madre.

La joven verbalizó en numerosas ocasiones a su madre lo que estaba sucediendo.

Según la sentencia, le llegó a decir que su marido era un monstruo, que la había violado y que le estaba arruinando la vida, sin que la progenitora “tomase decisión alguna para impedir que continuase la situación”.

La Sala considera que la declaración de la joven, practicada como prueba preconstituida, muestra “una coherencia y una sinceridad que solo puede estar basado en la propia experiencia de la denunciante”. De hecho, el tribunal sostiene que su testimonio es suficiente, por sí solo, para fundamentar la condena para ambos.

En su relato, la víctima narró que en la casa plantaban marihuana y vendían droga y que ella se automedicaba con tranquilizantes.

Afirmó que nunca la quisieron llevar al médico ni al psicólogo porque “sabían que si iba contaría la verdad de lo que pasaba” en el domicilio.

El punto final del abuso llegó cuando la víctima alcanzó la mayoría de edad. Tras una última agresión el día del cumpleaños de su madre, decidió que eso no ocurriría más, se marchó de casa y denunció los hechos meses después.

Además de la pena de prisión, la Audiencia les prohíbe comunicarse o acercarse a la joven durante un periodo de veinte años.

También deberán indemnizarla con 60.000 euros por daños morales y, una vez salgan de la cárcel, tendrán que cumplir seis años de libertad vigilada.