García Ortiz impugna el pago de 80.000 euros en costas al abogado de la pareja de Ayuso
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El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recurrido la decisión del Tribunal Supremo que le obliga a pagar 79.942,70 euros en concepto de honorarios al abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz considera que esta cantidad es “manifiestamente desproporcionada”.
En un escrito presentado ante el Tribunal Supremo, la defensa de García Ortiz argumenta que la cifra debería reducirse a 4.240 euros. Alegan que se incluyen costas de la fase en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde García Ortiz no estaba imputado, así como actuaciones relacionadas con la fiscal Pilar Rodríguez, quien ni siquiera llegó a sentarse en el banquillo.
La defensa del ex fiscal general sostiene que la cifra exigida es incompatible con los criterios de proporcionalidad, moderación y razonabilidad que el Tribunal Supremo aplica de forma constante para la inclusión de honorarios en una tasación de costas.
El Supremo había aceptado íntegramente los 64.778,78 euros reclamados por el abogado de González Amador, a los que añadió el IVA. Además, García Ortiz deberá pagar 1.560,38 euros a la procuradora.
Esta cantidad cuadruplica la condena impuesta por el Supremo a García Ortiz, quien fue hallado culpable de filtrar a la prensa un correo con la confesión de fraude fiscal del comisionista. La condena incluyó dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a González Amador.
El Tribunal Supremo justificó el elevado monto de las costas argumentando el “innegable” esfuerzo realizado por el abogado de González Amador debido a la complejidad y la repercusión mediática del caso. El letrado argumentó que tuvo que enfrentarse no solo a la defensa del acusado, sino también a la maquinaria del Estado, ya que la Fiscalía no acusó a García Ortiz y este fue defendido por la Abogacía del Estado.
La defensa de García Ortiz insiste en que la cifra reclamada es incompatible con la complejidad real del procedimiento y con la cuantía de la responsabilidad civil, fijada en 10.000 euros. Señala que la mayoría de las diligencias solicitadas por la acusación particular fueron rechazadas o carecieron de utilidad real, y que el “contexto institucional” y la presencia en los medios no deben utilizarse para inflar la factura.
Además, García Ortiz se opone a que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid emita un informe sobre las costas, argumentando su “falta de idoneidad” debido a que la entidad presentó una querella contra la Fiscalía por este asunto y ejerció la acusación popular, llegando a pedir una condena de cuatro años de cárcel para García Ortiz.
