El Torbellino Urbanístico que Sacude al Exedil del PSOE en Sevilla
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Un antiguo concejal del PSOE en Sevilla se encuentra en el centro de una investigación por presuntas irregularidades urbanísticas, desatada a raíz de escuchas telefónicas en una investigación por narcotráfico. Rafael Pineda, quien fuera jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, fue detenido y posteriormente liberado con cargos, enfrentando acusaciones de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares.
El Origen: Un Caso de Drogas y un Nombre Inesperado
La historia comenzó con una operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Autorizadas las escuchas telefónicas, surgió el nombre de Rafael Pineda, entonces jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía. Inicialmente, el contacto no estaba relacionado con drogas, sino con la solicitud de mediación para regularizar la situación de un trabajador inmigrante y agilizar la licencia de un restaurante.
Una Parcela en el Epicentro de la Polémica
El foco de la investigación se centra en una parcela de uso terciario propiedad de Emvisesa, la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla. Dicha parcela salió a la venta en 2011, pero el concurso quedó desierto. En 2017, bajo el mandato del alcalde socialista Juan Espadas, la parcela fue adquirida en arrendamiento por Olga P., esposa de Pineda, quien fue la única oferente.
En el terreno se instaló un local de la cadena Burguer King, que pagaba alquiler. Sin embargo, la empresa no optó por comprar el solar cuando salió a la venta de manera definitiva en 2024, ya con José Luis Sanz (PP) como alcalde.
De nuevo, Olga P. fue la única que presentó una oferta y se quedó con la propiedad, abonando 1,7 millones de euros. Cinco meses después, vendió la parcela por 3,9 millones de euros a Burguer King, obteniendo una ganancia de 2,2 millones. La Guardia Civil investiga si un empleado de Emvisesa, Daniel M.L., recibió un pago de 78.650 euros a través de una sociedad como comisión por la operación, lo que resultó en su despido por parte del Ayuntamiento.
Trayectoria Política de Rafael Pineda
Rafael Pineda, con una trayectoria política en Sevilla desde 2003, fue concejal con el alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) y gerente de Lipasam, la empresa municipal de limpieza. En 2018, fue nombrado jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, cargo que mantuvo con los sucesores, incluido Pedro Fernández, hasta que estalló el caso.
De Narcotráfico a Irregularidades Urbanísticas
La investigación por narcotráfico derivó en una pieza separada, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 10 de Sevilla, al considerar la UCO que Pineda realizaba gestiones para terceros ante la administración pública a cambio de beneficios. Aunque las escuchas revelaron la aceptación de cenas en un restaurante, la Guardia Civil investiga posibles pagos.
El alcalde de Gines, Romualdo Garrido (PSOE), también está imputado por prevaricación y cohecho, presuntamente por presionar para agilizar la licencia del restaurante. El regidor niega haber dado trato de favor o recibido contraprestaciones.
Las Subastas Desiertas y la Venta Final
La Guardia Civil investiga si Pineda ejerció influencia en la adjudicación de la parcela a su esposa en 2016, aunque no hubo otras ofertas ni en el arrendamiento ni en la venta posterior. En 2022, con Antonio Muñoz (PSOE) como alcalde, se decidió la enajenación mediante permuta, pero el concurso quedó desierto.
En 2024, con el PP en el gobierno municipal, la parcela se puso a la venta por un precio menor (1,7 millones), y Olga P. fue la única oferente. Cinco meses después, revendió los terrenos por 3,9 millones a Burguer King.
La Defensa y las Imputaciones Cruzadas
El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa (PP), justifica la reducción del precio en 2024 por la presencia de inquilinos, mientras que el PSOE defiende la legalidad de la operación. Daniel M.L., el ex empleado de Emvisesa, ha solicitado la imputación de De la Rosa y Juan Bueno (PP), alegando que formaban parte de la comisión ejecutiva que validó la venta.
La defensa de Pineda considera su arresto innecesario y alega que fue objeto de una investigación prospectiva. Tanto el exconcejal como su esposa, los socios y el ex jefe de Emvisesa enfrentan cargos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares. El caso, bautizado como “caso Pineda”, promete ser largo y complejo.
