Investigados por facturas falsas para la pareja de Ayuso buscan anular la causa
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Los tres investigados por presuntamente fabricar facturas falsas para el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, están intentando anular la causa en su contra. Para ello, invocan la reciente condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
En su escrito de defensa, los investigados, vecinos de Arahal (Sevilla), alegan que la información que dio origen al procedimiento por fraude fiscal contra González Amador fue obtenida de forma “delictiva”. Argumentan que, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de García Ortiz, toda la causa debe considerarse “nula de pleno derecho”.
Acusaciones contra González Amador y otros investigados
González Amador y el resto de los investigados enfrentan cargos por dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos. La investigación tributaria que dio origen a la causa señala que la pareja de Ayuso habría utilizado 17 facturas falsas para inflar su facturación y simular mayores gastos ante Hacienda. Esto le habría permitido reducir el pago del Impuesto de Sociedades, evitando abonar 350.951 euros en dos ejercicios fiscales.
La trama de las facturas falsas
Entre las facturas falsas más abultadas se encuentran supuestos trabajos ficticios realizados en Costa de Marfil y México. Sin embargo, la investigación también reveló la existencia de facturas más pequeñas que condujeron a los inspectores de Hacienda hasta Arahal, donde se descubrió una trama de fraude. Las empresas que emitieron las facturas a González Amador estaban domiciliadas en las viviendas de un camarero, un empleado de panadería (ambos hermanos) y un pequeño empresario, presunto cerebro de la operación. Todos ellos fueron investigados por los mismos delitos.
Argumentos de la defensa
El abogado de D.H.L., el pequeño empresario que se enfrenta a dos años de cárcel por emitir facturas con empresas pantalla, alega que los hechos que se le imputan no están “probados”.
La defensa también se basa en la sentencia del Tribunal Supremo que declaró probado que García Ortiz, o alguien de su entorno, filtró a la prensa un correo con la confesión de fraude fiscal de González Amador. En su momento, González Amador argumentó que su derecho a la defensa se había visto perjudicado de forma “irremediable e irreversible”, estrategia que ahora es utilizada por otros de los investigados.
Alegato sobre el estado de uno de los acusados
Adicionalmente, la defensa de los tres ciudadanos sevillanos alega que uno de ellos “estaba sometido a los efectos de sustancias psicotrópicas en el momento de los hechos”. Para probarlo, aporta un “informe de desintoxicación” y solicita un informe del médico forense.
