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El comité de empresa del servicio de Parques y Jardines de Cádiz ha refutado nuevamente la versión del Ayuntamiento con respecto al denominado “protocolo de la vergüenza”, asegurando que este se aplica desde el 10 de julio. Esta afirmación contradice la postura municipal, que defiende que se trata del mismo procedimiento que se ha venido desarrollando en etapas anteriores.

Los representantes sindicales insisten en que los operativos en parques y plazas, que involucran a personal de jardines y agentes de la Policía Local, comenzaron el pasado verano y no son una práctica histórica, como ha afirmado el alcalde, Bruno García.

El comité subraya que el protocolo denunciado no se limita a tareas de limpieza ordinarias. Se trata de un dispositivo específico que implica recorridos sistemáticos por diferentes puntos de la ciudad donde pernoctan personas sin hogar.

Según el comité, la versión ofrecida por el Ayuntamiento no refleja las actuaciones que se han llevado a cabo desde julio.

Los representantes sindicales reiteran su postura: el personal de jardines está siendo asignado a tareas que consideran ajenas a sus funciones laborales. Además, exigen que se retire la sanción impuesta a un trabajador que se negó a participar en estos operativos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cádiz ha insistido en que el procedimiento es el mismo que se aplicaba con anterioridad y que no existe ningún protocolo de acoso.

El alcalde ha anunciado recientemente un refuerzo del control interno mediante una firma tripartita —Policía Local, Parques y Jardines y equipo de calle— para asegurar que cada actuación se realice conforme a las normas y respetando los derechos de las personas afectadas.

El Consistorio afirma que no se retiran pertenencias personales y que la presencia policial solo responde a labores de apoyo.

La controversia continúa creciendo

La polémica surgió tras la primera denuncia del comité, que calificó el procedimiento como “ilegal e inhumano”. Desde entonces, el conflicto ha involucrado a diversos actores: la empresa adjudicataria negó haber dado órdenes de desalojo; el PSOE acusó al alcalde de ignorar advertencias previas; colectivos sociales pidieron responsabilidades políticas; y Adelante Izquierda Gaditana solicitó la creación de una Comisión de Investigación sobre los denominados “protocolos de la vergüenza”.

Con esta nueva información sobre la fecha de inicio (10 de julio, según la representación sindical), el comité introduce un elemento cronológico clave que intensifica el enfrentamiento con el Gobierno municipal y mantiene abierto el debate sobre la gestión de las personas sin hogar en la ciudad.