ACUSAR SIN PRUEBAS: UN DEPORTE NACIONAL EN ESPAÑA
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En España, acusar sin pruebas podría constituir un delito como denuncia falsa o calumnia, especialmente si se imputa un delito a sabiendas de su falsedad o con temerario desprecio a la verdad. Sin embargo, esta regla tiene una excepción: los miembros de las Cortes Generales gozan de inmunidad parlamentaria, lo que les permite lanzar acusaciones sin consecuencias legales.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional establece que los políticos tienen menos derecho al honor que los ciudadanos comunes, ya que su dedicación a la vida pública implica soportar todo tipo de acusaciones. Esta situación ha derivado en una práctica común, no solo en el Congreso de los Diputados, sino también en otros ámbitos.
El Caso Marlaska: Un Ejemplo Reciente
El Partido Popular (PP) acusó al ministro Fernando Grande Marlaska de encubrir un presunto delito de violación cometido por el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González. Esta acusación se realizó tanto dentro como fuera del Parlamento.
A pesar de no tener pruebas concretas, el PP insistió en que Marlaska conocía y ocultó el delito, convirtiéndose en cómplice. Esto ocurrió a pesar de que Marlaska actuó con rapidez al conocer la denuncia, dando al DAO la opción de dimitir o ser destituido. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, incluso afirmó en redes sociales que el gobierno había mantenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, ocultándolo y protegiéndolo hasta que trascendió.
Miguel Tellado, dirigente del PP, llegó a expresar: “Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación”.
El Papel de la Prensa y la Desinformación
Este tipo de acusaciones sin pruebas, amplificadas por ciertos medios de comunicación, contribuyen a un clima de desconfianza en las instituciones. Se proyecta una imagen de un país en crisis, gobernado por personas corruptas.
La falta de un periodismo riguroso y honesto dificulta la existencia de una ciudadanía informada, que es un pilar fundamental de la democracia, junto con la separación de poderes y el estado de derecho.
El ministro de Justicia ha anunciado una querella contra Víctor de Aldama, un empresario que lo acusó de ofrecerle dinero a cambio de silencio. Marlaska también retó al PP a repetir sus acusaciones fuera del Parlamento, donde no gozan de inmunidad.
Feijóo, posteriormente, matizó sus palabras, admitiendo que quizás Marlaska no conocía la agresión, pero siguió dando crédito a medios que afirmaban lo contrario.
Una Estrategia Calculada
Esta dinámica de acusaciones infundadas se interpreta como una estrategia para generar desconfianza en las instituciones y proyectar una imagen negativa del país. Paradójicamente, algunos de los que promueven estas acusaciones minimizan o ignoran escándalos que afectan a sus propias filas.
