El CIE de Algeciras operó sin habilitación legal durante tres meses
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El nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras, el único en Andalucía, inició sus operaciones el 6 de noviembre sin contar con la habilitación legal correspondiente, la cual fue publicada en el BOE el 7 de febrero, entrando en vigor al día siguiente. Esta situación implicó que durante tres meses, el centro retuvo a alrededor de 60 personas sin el debido respaldo jurídico.
Denuncia por falta de soporte normativo
La Coordinadora CIE No Cádiz, integrada por diversas entidades, ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, solicitando la promoción de procedimientos de *habeas corpus* para las personas internadas en el CIE antes del 8 de febrero. Argumentan que la privación de libertad se llevó a cabo en un centro “no formalmente creado conforme a Derecho”, exigiendo su inmediata liberación. Además, recomiendan a los abogados de los internos presentar recursos individuales.
Las organizaciones denuncian la falta de respeto a la legalidad al encerrar a personas en instalaciones sin entidad jurídica. Señalan que la propia Orden que crea el CIE menciona la adecuación a los principios de buena regulación y el refuerzo de la seguridad jurídica, contradiciendo la actuación material previa a su aprobación.
Jesús Mancilla, portavoz de la Coordinadora y Presidente de Algeciras Acoge, critica la falta de rigor en la aplicación de la privación de libertad, calificándola como la medida más dura del ordenamiento jurídico. Lamenta que esta situación, que afecta a personas migrantes, pueda extenderse a otros colectivos y evidencia un mal funcionamiento del Ministerio.
Un CIE de gran capacidad
El nuevo CIE de Algeciras tiene una capacidad para 507 personas, lo que representa el 43% del total de plazas en España. Su construcción, ubicada cerca del centro penitenciario de Botafuegos, tuvo un costo de 21,5 millones de euros.
La puesta en marcha del CIE generó reacciones tanto de organizaciones de derechos humanos como del alcalde de Algeciras, quien expresó su malestar por no haber sido informado previamente.
Posibles beneficiarios de la regularización
Según las ONG, en el nuevo CIE hay actualmente unas veinte personas de diversas nacionalidades, algunas con antecedentes y otras que podrían aspirar a la regularización recientemente anunciada por el Gobierno. Se han detectado casos de expulsados sin antecedentes penales y con familiares con nacionalidad española.
La Coordinadora critica que se mantengan redadas policiales y vuelos de deportación mientras se anuncia una regularización extraordinaria, impidiendo que personas potencialmente elegibles se beneficien de ella.
Mancilla también cuestiona la inversión en la “represión de la población migrante” en una zona con altas tasas de desempleo y carencias en servicios públicos esenciales como educación y sanidad.
