NUEVA LEY CATALANA DE VIVIENDA: ¿SOLUCIÓN O PARCHE?
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Cataluña se encuentra ad portas de aprobar una nueva regulación que busca poner límites a la compra de viviendas con fines especulativos. El acuerdo, alcanzado entre el Govern y los Comuns en el marco de la negociación presupuestaria para 2026, ha generado debate y controversia.
Los puntos clave de la propuesta
La propuesta legislativa establece que aquellos que compren una vivienda deben destinarla a residencia habitual, con algunas excepciones. Sin embargo, esta obligación no se extiende a los pequeños propietarios, es decir, aquellos que poseen hasta cuatro inmuebles en su patrimonio.
Esta distinción ha sido objeto de críticas por parte de Pablo Feu, el abogado cuyo informe jurídico sirvió de base para la propuesta original. Feu considera que la exclusión de los pequeños propietarios desvirtúa el objetivo de la ley y no logrará erradicar la especulación inmobiliaria.
¿Una medida eficaz?
Feu argumenta que la ley, tal como está planteada, no impide la especulación, sino que simplemente la pospone. Señala que la norma permite que cualquier persona, física o jurídica, compre una vivienda o un edificio y lo destine a vivienda, siempre y cuando lo ponga en alquiler a un precio limitado en zonas tensionadas.
Sin embargo, Feu advierte que esta regulación ya existe, lo que convierte a la nueva ley en redundante. Además, critica que la ley no prohíbe explícitamente a las empresas comprar viviendas para destinarlas a fines distintos de la residencia habitual, como el alquiler de temporada o turístico.
La importancia de la residencia habitual
Feu insiste en que la obligación de destinar la vivienda a residencia habitual debe aplicarse a todos los compradores, independientemente de su tamaño o condición. Argumenta que esta es la única forma de garantizar que la vivienda se utilice efectivamente para fines residenciales y no como un activo financiero.
Según Feu, permitir que los propietarios con múltiples viviendas jueguen con el padrón y declaren residir en una vivienda que en realidad utilizan para obtener beneficios económicos perpetúa la especulación y expulsa a los habitantes habituales de la ciudad.
El papel de los ayuntamientos
La propuesta de ley delega la regulación en manos de los ayuntamientos y sus planeamientos urbanísticos. Si bien Feu reconoce la autonomía local en materia de planificación urbanística, advierte que la Generalitat también tiene competencias para regular la especulación inmobiliaria, tal como lo establece el artículo 47 de la Constitución.
Debate constitucional
La propuesta de ley ha generado un intenso debate jurídico y constitucional. Algunos sectores, como el inmobiliario, advierten que la regulación invade competencias estatales y colisiona con el derecho a la propiedad.
Sin embargo, Feu y otros juristas argumentan que la regulación urbanística puede afectar a otras áreas, como el derecho civil y la economía, sin por ello invadir competencias estatales. Señalan que el Tribunal Constitucional ha reconocido que las comunidades autónomas pueden regular en materia urbanística, incluso si ello tiene efectos en otras áreas.
