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El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha salido al paso de las informaciones publicadas por un medio digital sobre la adquisición de una vivienda de protección pública (VPP) por parte de su esposa en 2006. Barcala calificó la situación como una “cacería” con el objetivo de difamarlo, defendiendo la legalidad de la operación y separándola de la controversia que rodea a otras VPP municipales.

Compra “totalmente legal y transparente”

Según el alcalde, la compra se realizó de manera “totalmente legal y transparente”. Especificó que la vivienda, de nueva construcción, había sido calificada como VPP el 28 de abril de 2005. La promoción incluía 12 viviendas destinadas “exclusivamente para alquiler, no para uso propio de los compradores”.

Barcala explicó que el comprador no estaba obligado a residir en la vivienda, sino a “respetar el régimen de arrendamiento por el plazo previsto y con la renta máxima fijada oficialmente”.

Aseguró que el contrato siempre se ha mantenido “por debajo del precio máximo” establecido.

Régimen de arrendamiento, no opción a compra

El alcalde insistió en que el régimen de la vivienda “no es alquiler con opción de compra”, como se había sugerido, sino “vivienda calificada para arrendamiento”. Esto implica que “no es el comprador el que debe reunir requisitos específicos para la compra, sino el arrendatario que finalmente la ocupe”. Barcala fundamentó esta afirmación en el artículo 25.3 del decreto 92/02 y el artículo 20.3 del Real Decreto 1/2002.

Barcala afirmó que desde el inicio se ha cumplido “escrupulosamente, toda la normativa”. Además, desvinculó esta operación del caso de las VPP de la urbanización de Les Naus, enfatizando que “no tiene absolutamente nada que ver”.

Medidas contundentes en el caso de Les Naus

Con respecto a la polémica de Les Naus, Barcala recordó las “medidas muy contundentes” adoptadas por el consistorio, incluyendo la dimisión de la exconcejala de urbanismo, la apertura de un expediente de averiguación, la denuncia presentada ante la fiscalía y la creación de una comisión de investigación.

El alcalde también subrayó el papel limitado del Ayuntamiento en ese caso.

Aclaró que el Ayuntamiento solo vendió la parcela, impulsado por el anterior gobierno municipal, pero “no ha participado para nada en esa adjudicación de viviendas, y de ello deberá responder la cooperativa”. También señaló a un “funcionario de la consellería” como responsable de validar a los demandantes.

“Perseguir y esclarecer los hechos”

Finalmente, Barcala aseguró que esta “cacería” no afectará su “decidida actuación en perseguir y en esclarecer los hechos” relacionados con el caso de Les Naus, para evitar que “ninguna de esas viviendas esté en manos de quien no les corresponda”.