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Un reciente estudio realizado por Cáritas Regional de Extremadura y la Fundación FOESSA revela una preocupante realidad: aproximadamente 200.000 extremeños, lo que equivale a uno de cada cinco habitantes, se encuentran en situación de exclusión social. El informe, denominado IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Extremadura, pone de manifiesto una creciente fragmentación social y la pérdida de la capacidad del empleo para asegurar el bienestar familiar.

La vivienda y el empleo, principales focos de exclusión

Según José Luis Espinosa, director de Cáritas Regional, se está consolidando una sociedad desigual donde la exclusión social se convierte en un elemento estructural. El informe señala que la vivienda y el empleo son los principales ejes de los procesos de exclusión en la región, generando graves brechas sociales.

La problemática de la vivienda

La vivienda es la dimensión de exclusión más extendida, afectando al 22% de la población extremeña. El aumento del 20% en el precio de compra de la vivienda entre 2018 y 2024 ha provocado que 34.000 hogares caigan por debajo del umbral de la pobreza severa tras cubrir los gastos de vivienda y suministros.

Marina Sánchez-Sierra, de la Fundación FOESSA, destaca que “la vivienda se ha convertido en el epicentro de la desigualdad y exclusión”. La situación es especialmente crítica en el mercado de alquiler, donde el 37% de los inquilinos se encuentran en riesgo de pobreza, generando una creciente inseguridad vital.

Empleo precario y exclusión

A pesar de la mejora en las cifras de ocupación, el 17% de los hogares extremeños sufren problemas de exclusión en el empleo, como la inestabilidad laboral grave o el desempleo. El informe también resalta datos estructurales preocupantes, como el hecho de que Extremadura es la segunda comunidad autónoma con mayor paro femenino y que el sector primario ha perdido 12.800 trabajadores en los últimos seis años. Sánchez-Sierra subraya que “se trabaja más, pero trabajar ya no garantiza salir de la rueda de la exclusión”, evidenciando la pérdida de la capacidad integradora del empleo.

Salud y bienestar en riesgo

La dimensión de la salud afecta ya al 17% de la población extremeña, superando las 184.000 personas.

Las dificultades económicas son la principal barrera, obligando a más del 10% de los hogares a renunciar a tratamientos o dietas por motivos económicos. Alarmantemente, se ha triplicado el número de hogares donde alguien pasa hambre desde 2018.

Impacto en la salud mental

Este contexto tiene un impacto directo en el bienestar, reflejado en la salud mental. El 14,4% de los extremeños declara tener mala o muy mala salud mental, y la prevalencia de trastornos mentales se dispara al 15% entre la población en exclusión severa, contrastando con el 2% del resto de la población.

Brecha generacional y exclusión infantil

El informe también alerta sobre la brecha generacional, con la exclusión golpeando con especial fuerza a los menores. La tasa de exclusión infantil (30%) triplica la de las personas mayores de 65 años.

Los jóvenes enfrentan una transición a la vida adulta marcada por la inestabilidad laboral y un acceso cada vez más difícil a la vivienda, prolongando su vulnerabilidad social.

Un futuro incierto: ¿individualismo o responsabilidad compartida?

El informe interpela a la sociedad a elegir entre dos caminos: mantener la senda del individualismo y el aumento de las brechas sociales, o impulsar un rumbo distinto, compartido y valiente, que permita construir una sociedad basada en el cuidado mutuo, la equidad y la responsabilidad común, según la conclusión de Sánchez-Sierra.