AYUNTAMIENTO DE CÁCERES BUSCA ALTERNATIVAS ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE ACONDICIONAR CAMINO DE MONTE ALMEIDA
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El Ayuntamiento de Cáceres se encuentra ante un serio obstáculo para cumplir con una sentencia firme que le obliga a acondicionar el camino de Monte Almeida. La administración local planea presentar ante el juzgado la imposibilidad material de ejecutar la resolución judicial en los términos actuales.
La sentencia, que anulaba una decisión municipal previa, ordenaba incluir el camino en el catálogo de bienes públicos y asegurar su correcta conservación.
Si bien el camino ya fue incorporado al inventario y las obras de mejora incluso adjudicadas, los trabajos se han visto frustrados.
OBSTRUCCIÓN DE LOS TRABAJOS
La empresa contratada para realizar las mejoras se presentó en la zona con la maquinaria necesaria, pero se encontró con la firme oposición de uno de los propietarios de la finca atravesada por el camino, quien impidió el inicio de las obras.
INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA
Ante esta situación, el Ayuntamiento ha optado por plantear un incidente de ejecución de sentencia. Según fuentes municipales, los informes técnicos confirman la imposibilidad material de llevar a cabo el acondicionamiento tal y como lo solicita el juez.
Por lo tanto, se solicitará al juzgado que adopte una solución alternativa.
El equipo de gobierno municipal reitera su voluntad de cumplir con la sentencia, pero insiste en la complejidad de la situación. Subrayan que, a pesar de los esfuerzos, la ejecución del fallo se ha topado con un obstáculo insalvable.
DEMANDA VECINAL
El acondicionamiento del camino es una demanda histórica de los vecinos de la finca Cuartos del Baño, quienes sufren frecuentes problemas de incomunicación debido a las crecidas del río Salor durante las lluvias.
La reparación de la vía les proporcionaría una ruta de evacuación segura en caso de que el acceso principal quede bloqueado.
Se ha recordado que la actual administración municipal ha sido la única en tomar medidas concretas para solucionar esta problemática, que afecta a viviendas que, en su mayoría, son segundas residencias ubicadas fuera de la normativa urbanística.
EL FUTURO DEL PROCESO
El asunto regresa ahora al juzgado, que deberá pronunciarse y buscar una solución definitiva. Mientras tanto, los vecinos lamentan que, tres años después, el conflicto siga judicializado sin una resolución clara en el horizonte.
