NUEVO TÍTULO: Alberto González Amador, pareja de Ayuso, niega ahora el fraude fiscal tras haberlo admitido
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Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha cambiado su estrategia legal y ahora niega haber cometido los delitos fiscales por los que será juzgado. Esta postura contrasta con sus anteriores admisiones de culpabilidad ante la Agencia Tributaria, la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Un cambio de rumbo en la defensa
En octubre de 2023, González Amador, a través de su abogado, confesó el doble fraude fiscal ante los inspectores de Hacienda, quienes habían descubierto irregularidades en sus declaraciones tributarias. Intentó devolver lo defraudado y, en junio de 2024, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, admitiendo dos delitos a cambio de una reducción de la pena de prisión a ocho meses.
Sin embargo, más de un año después, y tras un juicio en el Tribunal Supremo que condenó al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar datos reservados sobre González Amador, el empresario ha decidido defender su inocencia.
La defensa del novio de Ayuso argumenta que la sentencia del Supremo que inhabilita al fiscal general por revelar la confesión de culpa del empresario vulnera la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de su cliente.
El origen de la investigación
La causa penal contra González Amador se originó por la declaración defraudatoria que presentó ante Hacienda en mayo de 2021. En ella, incluyó gastos de 620.000 euros por una supuesta comisión a una empresa mexicana, MKE, por la que nunca hubo nuevos contratos ni negocios que justificaran el pago.
Además, en la declaración del impuesto de Sociedades del año siguiente, presentó una factura de 922.585 euros a nombre de Gayani, una firma de Costa de Marfil, por una supuesta intermediación en la venta de vacunas al gobierno de ese país, operación que nunca se concretó. Estos engaños le permitieron ahorrarse 155.000 y 195.000 euros en las declaraciones del impuesto de Sociedades de 2020 y 2021, respectivamente.
Según Hacienda, estos hechos no son meros errores contables, sino un patrón organizado para evitar la tributación mediante la búsqueda, registro y deducción de facturas falsas o falseadas.
Intento fallido de regularización
Cuando González Amador se percató de que Hacienda había descubierto sus fraudes, intentó evitar el juicio devolviendo las cantidades defraudadas a través de la declaración del Impuesto de Sociedades que presentó en 2023. Sin embargo, la ley impide regularizar la situación una vez que se ha abierto una inspección fiscal.
Las justificaciones de González Amador
Octubre 2023: “Fue un error”
Ante los inspectores fiscales, González Amador argumentó que no intentó cometer un fraude delictivo y que, al entender la gravedad de los hechos, procedió a ingresar las cantidades adeudadas a Hacienda.
Junio 2024: “Gastos en los que no incurrí”
En un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, González Amador admitió haber incluido en sus declaraciones “gastos en los que en realidad no había incurrido para reducir el beneficio sujeto a tributación” y haber obtenido facturas que no reflejaban servicios reales.
Febrero 2026: “No merece reproche penal”
Ahora, la defensa de González Amador sostiene que la deducción anticipada de un gasto real no merece reproche penal. Argumenta que, según la Agencia Tributaria, estos casos de incorrecta contabilización temporal no constituyen delito y que las facturas responden a servicios reales, aunque se hayan contabilizado de forma incorrecta y anticipada.
Para respaldar su defensa, González Amador ha contratado a un perito, ex inspector de Hacienda, cuyos cálculos sitúan el fraude cometido por debajo de los 120.000 euros en cada ejercicio, lo que descartaría el delito.
En resumen, la defensa de González Amador alega que los hechos no son constitutivos de delito alguno contra la Hacienda Pública, ni de falsedad documental, ni de delito contable, ni de pertenencia a grupo criminal.
Posdata
Los abogados de Alberto González Amador señalan que el fiscal general del Estado reveló información confidencial a medios de comunicación, incluyendo correos electrónicos que plasmaban la posición de conformidad de la defensa. Sin embargo, periodistas de El País declararon en el juicio del Supremo que la información sobre el ofrecimiento de una conformidad fue facilitada por personal de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, sin relación con el fiscal general del Estado.
