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Con la llegada del buen tiempo, terrazas y balcones se convierten en los espacios más preciados del hogar. Sin embargo, el disfrute de estos espacios puede verse comprometido por el humo del tabaco proveniente de la vivienda de un vecino, generando un conflicto entre el derecho a la propiedad individual y el bienestar comunitario. Aunque fumar en el ámbito privado es un derecho, la ley establece un marco para que las comunidades de propietarios puedan actuar y resolver este tipo de situaciones.

La Ley de Propiedad Horizontal y las molestias vecinales

Existe la creencia generalizada de que en la terraza, al ser un espacio privado, se puede hacer lo que se desee. No obstante, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece límites cuando una actividad, por muy personal que sea, interfiere negativamente en la convivencia vecinal.

En este sentido, fumar en el balcón puede dejar de ser un acto privado para convertirse en un problema comunitario con consecuencias legales.

El artículo 7.2 de la LPH es la herramienta legal que protege a los vecinos afectados. Este artículo prohíbe expresamente al propietario y al ocupante del piso o local la realización de actividades “insalubres, nocivas, molestas, peligrosas o ilícitas”. Aunque el tabaco no es ilegal, su humo puede ser calificado como nocivo y molesto por los vecinos, lo que permite a la comunidad tomar medidas formales.

Esta normativa busca salvaguardar la convivencia pacífica y asegurar que el derecho de un propietario a disfrutar de su vivienda no perjudique a los demás. Por lo tanto, si el humo del tabaco se convierte en una molestia constante que afecta a la calidad de vida de los otros residentes, la comunidad está legitimada para intervenir basándose en criterios de salubridad y respeto mutuo.

Pasos a seguir para solucionar el problema

El primer paso para abordar el problema es el diálogo.

El presidente de la comunidad, a petición de los vecinos afectados, debe dirigir un aviso formal al propietario fumador, solicitando que cese la actividad molesta. En muchos casos, esta comunicación es suficiente para que la persona tome conciencia del perjuicio que está causando y modifique su comportamiento.

Si la conducta persiste a pesar de la advertencia, el siguiente paso es convocar una junta extraordinaria de propietarios. En esta reunión, se expondrá la situación y se someterá a votación la decisión de iniciar acciones legales. Este paso es crucial y requiere del consenso de la comunidad para demostrar que el problema no es una disputa personal, sino un conflicto que afecta al conjunto del edificio.

Si ninguna de las vías anteriores funciona, la comunidad puede presentar una demanda judicial.

En este caso, un juez evaluará la situación y, si considera que las molestias están probadas, puede dictar una resolución que obligue al vecino a cesar su comportamiento e incluso, en casos muy graves y de incumplimiento reiterado, imponer sanciones severas.

La importancia de las pruebas

Para que una queja o una demanda contra un vecino prosperen, es fundamental aportar pruebas sólidas y consistentes. No basta con una simple afirmación; es necesario demostrar que la actividad molesta es reiterada y persistente.

Se recomienda documentar con detalle cada incidente, registrando fechas, horas y la naturaleza de las molestias. Recopilar testimonios de otros vecinos afectados también es fundamental para reforzar el caso. Los juristas señalan que “la ley protege a la comunidad frente a comportamientos que alteren la tranquilidad” de los demás, pero para ello se necesitan pruebas que acrediten el patrón de comportamiento denunciado.

En definitiva, el éxito de la reclamación depende de la capacidad de la comunidad para demostrar el perjuicio.

Por ello, “es fundamental contar con pruebas consistentes que demuestren la conducta reiterada” a pesar de los avisos. Este proceso garantiza que se respeten los derechos de todas las partes y que las decisiones se tomen con base en la ley y en el bienestar colectivo.