Retiran defensas extensibles a la Policía Portuaria de Las Palmas, generando preocupación por la seguridad
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El Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (SPPLB) ha manifestado su profunda preocupación tras la retirada de las defensas extensibles a la Policía Portuaria de Las Palmas. Esta medida, ordenada por la Guardia Civil, ha generado un sentimiento de indefensión entre los agentes, según denuncia el sindicato.
Indefensión y falta de reglamento específico
Artemi Casañas, secretario nacional del SPPLB, ha expresado que la moral de los agentes ha decaído drásticamente.
La decisión se basa en una “interpretación restrictiva” del reglamento de armas por parte de la Guardia Civil, que considera tanto la defensa extensible como la porra de goma tradicional como armas prohibidas.
El sindicato argumenta que, si una de estas herramientas está habilitada, la otra también debería estarlo, y anuncia que recurrirá la decisión. El problema de fondo, según el SPPLB, radica en la ausencia de un reglamento propio para la Policía Portuaria, cuyo borrador se encuentra en desarrollo desde 1997.
Esta falta de un marco legal específico deja a los agentes en una situación de vulnerabilidad en cuanto a sus medios de autoprotección.
Impacto en la operatividad y seguridad
La retirada de las defensas extensibles impacta directamente en la capacidad operativa y la seguridad de los agentes. Esta herramienta no solo sirve para el control e inmovilización, sino que también actúa como un elemento disuasorio eficaz.
Según Casañas, el sonido al desplegarse la defensa extensible “el 80 por 100 de las veces calma la situación”.
El sindicato subraya que estas defensas se han utilizado desde 2008 sin que se hayan registrado casos de mala praxis. Casañas cuestiona la capacidad operativa de los agentes ante situaciones de riesgo, resaltando la incertidumbre y desprotección que sienten al no contar con esta herramienta.
Solicitud de un reglamento actualizado
El SPPLB insta al Gobierno, a los ministerios implicados y a Puertos del Estado a aprobar de una vez el reglamento que lleva más de dos décadas pendiente.
Aunque la presidenta de la Autoridad Portuaria ha mostrado su apoyo a los agentes, se ve obligada a acatar la orden superior.
