El Aumento Histórico del Salario Mínimo en Colombia Desata Controversia
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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó controversia al decretar un aumento del 23,78% en el salario mínimo, la subida más alta del siglo. Esta medida provocó reacciones encontradas entre gremios, industriales y centros de pensamiento, quienes advirtieron sobre posibles efectos en el costo de vida.
A pesar de las críticas, el gobierno de Petro defendió el aumento como un avance histórico en equidad social. Sin embargo, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto, argumentando falta de base económica y jurídica clara. Esta decisión judicial fue utilizada por el presidente para convocar protestas masivas en todo el país, bajo el lema “Ni un peso atrás”.
Posteriormente, el mandatario anunció la firma de un nuevo decreto, respaldado por estudios técnicos ordenados por el tribunal, manteniendo el incremento inicial. La oposición interpretó esta maniobra como una estrategia electoral para unir a sus bases de cara a las próximas elecciones legislativas y presidenciales.
Según Petro, el nuevo salario mínimo busca cubrir la canasta mínima vital para el hogar del trabajador promedio, estimada en 2.155.000 pesos mensuales (unos 470 euros). En las semanas previas, el presidente había afirmado que su decisión forma parte de un “pacto social de la vida y la paz” frente al “gran capital”.
El aumento del 23,78% ha generado debate sobre el mercado laboral colombiano. Andrés García, doctor en Economía, señala que el nivel del aumento es atípico, incluso a nivel regional, ya que supera en 4,5 veces el promedio de inflación esperada para 2026. En la mesa tripartita que negocia el ajuste salarial anual, los sindicatos habían propuesto un aumento del 16%, mientras que los empresarios plantearon un 7,21%. Al no haber acuerdo, el gobierno se basó en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para avanzar hacia un “salario mínimo vital” que cubra gastos básicos como alimentación, vivienda, servicios públicos, educación y salud.
Un problema significativo es que solo el 10,12% de los ocupados en Colombia gana un salario mínimo, mientras que el 48,9% percibe ingresos inferiores, lo que representa a 11,3 millones de personas en el empleo informal. Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, destaca que la tasa de desempleo es alta en comparación con el promedio de América Latina y plantea la pregunta de cómo incluir a los trabajadores informales en el contrato social.
La tasa de desocupación cerró 2025 en un histórico 8,9%, el indicador más bajo en dos décadas, pero la informalidad apenas se ha movido. El economista Hernando Gómez Buendía concluye que ni el modelo económico conservador predominante en las últimas décadas ni las modificaciones del actual gobierno de izquierdas han logrado impulsar una economía con empleos productivos y de calidad en forma masiva.
Un Problema Estructural
A pesar del descontento inicial, los empresarios firmaron el nuevo decreto, considerando que mantener el alza es lo más sensato debido a que en Colombia, el precio de arriendos, vivienda pública, seguridad social y transporte se ajusta al ritmo del salario mínimo. Reacomodar las proyecciones generaría más desorden y desconfianza en el mercado.
Ahora, el Consejo de Estado deberá resolver si el gobierno corrigió las deficiencias del decreto anterior. Con el incremento del 23,7%, el sueldo base en Colombia supera los 2 millones de pesos (unos 450 euros), con un auxilio de transporte incluido. El gobierno lo justifica argumentando que una familia de tres a cuatro personas necesita 1,8 millones de ingresos básicos para cubrir sus costos esenciales.
El debate se centra en cuál sería la remuneración vital que garantizaría una vida digna en el país. Gustavo Petro ha priorizado un estudio sobre el terreno para evaluar si los montos actuales alcanzan para cubrir las necesidades básicas de la población. Mauricio Salazar reflexiona sobre si una remuneración muy baja podría reproducir condiciones de esclavismo.
Muchos economistas asumen que un alza tan pronunciada tendrá un efecto negativo sobre el empleo o la inflación, que repuntó en febrero al 5,31%. Juliana Morad, especialista en derecho laboral, destaca que el salario mínimo, que antes representaba un 40 o 50% del salario medio, ahora se acerca al 70 u 80%, lo que podría funcionar como un tope. Andrés García añade que es una política restrictiva dirigida a un grupo pequeño de trabajadores formales en una economía sumergida.
Marta Juanita Villaveces, ex viceministra técnica del Ministerio de Hacienda, advierte que Gustavo Petro solo mira un pedacito de Colombia, un país diverso con mercados laborales distintos entre ciudades, campo y regiones, afectando de manera diferente a trabajadores urbanos y rurales. El empresariado ha lanzado una voz de alerta, ya que el 98% del tejido productivo colombiano está formado por micro y pequeñas empresas. Villaveces recuerda que no son los “ricos” quienes tendrán que sortear el alza, sino los supervivientes de una economía fracturada, por lo que las soluciones actuales son solo un “parche” para un sistema que deambula sin reformas estructurales y lastrado por la informalidad crónica.
