El próximo miércoles, por decisión del Consejo de Ministros, los documentos clasificados sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 serán finalmente desclasificados.

Casi medio siglo después de la asonada que puso en jaque a la joven democracia española, el Estado se dispone a revelar los fondos que durante décadas han permanecido dispersos en archivos militares, judiciales y de inteligencia.

La medida promete arrojar luz sobre los vacíos que aún persisten en torno a los verdaderos promotores del golpe y al papel que desempeñaron sus principales protagonistas, desde el rey Juan Carlos I hasta el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), antecedente directo del actual CNI.

23F, la noche que detuvo la Historia en España

A las 18:23 horas del 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados con un grupo de guardias civiles armados.

En el hemiciclo se votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, candidato de la UCD, tras la dimisión de Adolfo Suárez semanas antes.

La irrupción armada, acompañada del ya histórico grito de “¡Quieto todo el mundo!”, paralizó la vida política y social del país.

Solo tres hombres permanecieron erguidos en sus escaños: el propio Suárez, el vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado y el líder comunista Santiago Carrillo, símbolo de la firmeza civil frente al autoritarismo.

Mientras en el Congreso se escuchaban disparos, en Valencia, el capitán general Jaime Milans del Bosch ordenaba sacar los tanques a la calle y declaraba el estado de excepción.

En Madrid, algunos oficiales intentaron movilizar la División Acorazada Brunete, pero se encontraron con la negativa del general José Juste, que actuó en defensa de la legalidad constitucional.

La madrugada del 24 de febrero, el país entero escuchó por televisión la voz del rey Juan Carlos I, vestido con uniforme de capitán general, condenando la sublevación y ordenando a los militares regresar a sus cuarteles.

Aquella intervención resultó decisiva: las tropas se retiraron y, al mediodía del día siguiente, Tejero y los suyos se rindieron.

El contexto de una España en transición

El golpe no surgió de la nada. España acababa de atravesar una de las transiciones políticas más complejas de Europa. La muerte del dictador Francisco Franco en 1975 había abierto una etapa de incertidumbre.

El rey Juan Carlos I y el presidente Adolfo Suárez lideraron un proceso de apertura democrática sin precedentes: la legalización del Partido Comunista de España, las elecciones de 1977 y la aprobación de la Constitución de 1978 marcaron hitos fundamentales.

No obstante el país vivía bajo una tensión extrema. La crisis económica, la violencia de ETA, los recelos de sectores militares y la inestabilidad política alimentaban el descontento de quienes consideraban que la democracia había ido demasiado lejos y demasiado rápido.

Entre 1978 y 1980, los llamados “años de plomo”, el terrorismo de ETA segó decenas de vidas de policías, militares y guardias civiles.

Las divisiones dentro de la UCD, los escándalos políticos y la pérdida de control sobre la calle generaron un caldo de cultivo propicio para las conspiraciones.

En ese contexto, el 23F fue el intento más audaz —y fallido— de frenar la consolidación de la democracia.

Los protagonistas del golpe del 23F

El rostro más conocido del 23F sigue siendo el de Antonio Tejero, teniente coronel de la Guardia Civil, que encabezó la toma del Congreso.

Condenado en 1983 a 30 años de prisión, fue liberado en 1996.

Retirado de la vida pública, su figura permanece asociada a uno de los episodios más oscuros del siglo XX español.

Otro de los protagonistas fue el general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la III Región Militar, quien protagonizó la imagen de los tanques en Valencia. Murió en 1997 tras cumplir condena.

Más ambiguo resultó el papel del general Alfonso Armada, antiguo secretario de la Casa del Rey y tutor militar de Juan Carlos I.

Según algunas versiones, Armada pretendía instaurar un “gobierno de concentración nacional” con representantes de todos los partidos, encabezado por él mismo.

Aseguró actuar en nombre del rey, algo que el propio monarca negó. Condenado también a 30 años, fue indultado por motivos de salud en 1988. Murió en 2013.

Entre los leales al orden constitucional destacó el general Guillermo Quintana Lacaci, capitán general de Madrid, que impidió la movilización de tropas en la capital.

Su firmeza fue clave para evitar que el golpe se extendiera.

Dos años más tarde, en 1984, ETA lo asesinó en un atentado en plena calle.

Otro civil implicado fue Juan García Carrés, exdirigente del Sindicato Vertical franquista, único civil condenado por la intentona, aunque siempre negó haber participado activamente.

Las sombras del “Elefante Blanco” y el 23F

Uno de los grandes misterios del 23F sigue siendo la identidad del llamado “Elefante Blanco”, figura enigmática que, según los conspiradores, debía presentarse en el Congreso para asumir el poder.

La mayoría de analistas coinciden en que el término representaba simbólicamente a la alta jerarquía militar, aunque algunos lo atribuyeron directamente a Armada.

Ninguna de las investigaciones judiciales o parlamentarias logró confirmar su existencia real, y el propio general siempre lo negó.

Las declaraciones de los procesados en el juicio militar dejaron más preguntas que respuestas. Milans del Bosch aseguró que tanto él como Tejero y Armada actuaron “por patriotismo” y con la convicción de que el rey estaba informado.

La versión oficial nunca pudo demostrarlo, pero tampoco lo desmintió por completo. Desde entonces, el papel exacto del monarca durante las horas previas y posteriores al golpe ha sido objeto de debate político, académico y periodístico.

El papel del CESID y los documentos secretos

Otra incógnita persistente gira en torno al papel del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), el servicio de inteligencia español entre 1977 y 2002.

En los años posteriores al golpe, varios analistas apuntaron a que algunos agentes del CESID tuvieron conocimiento previo de la conspiración o incluso participaron en labores de seguimiento.

El llamado “Informe Jáudenes”, redactado en abril de 1981 por el teniente coronel Juan Jáudenes Jordana, abordaba precisamente la actuación de los servicios de inteligencia aquella noche.

Ese documento, junto a decenas de informes, grabaciones y comunicaciones entre La Zarzuela, La Moncloa y las capitanías generales, permanece aún bajo secreto.

La desclasificación anunciada por el Gobierno afectará principalmente a tres conjuntos de fondos como es el sumario judicial del Consejo Supremo de Justicia Militar, que reúne 89 legajos con declaraciones, grabaciones y recursos; los informes del CESID vinculados al 23F; y los expedientes internos sobre el papel del rey y la llamada “Operación Armada”.

Según los criterios vigentes de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, la información puede permanecer clasificada durante décadas, e incluso indefinidamente, salvo decisión expresa del Ejecutivo. Hasta ahora, el Tribunal Supremo había establecido como plazo máximo el año 2031.

La desclasificación llega en un momento de revisión histórica.

Cuarenta y cinco años después, el 23F sigue siendo un espejo de las tensiones entre transparencia y poder.

Para una generación entera, aquella noche simbolizó el miedo a perder la libertad recién conquistada; para otras, es un episodio distante, reducido a imágenes en blanco y negro y disparos sobre el techo del Congreso.

Pero la decisión de abrir los archivos permitirá conocer si existieron contactos internacionales, si el CESID tuvo conocimiento previo, o si realmente hubo una “transición paralela” impulsada por sectores conservadores que buscaban una salida autoritaria al agotamiento de la UCD.

Otra cosa es como se desclasifica y el nivel de “mutilación” que pueden tener los documentos.

En sus memorias, el rey emérito Juan Carlos I ha afirmado no tener nada que ocultar y sentirse traicionado por el general Armada. Pero las dudas persisten.

La historia de aquel 23 de febrero no es solo la de un golpe fallido: es la de un país que aprendió, con miedo y coraje, que la democracia debía defenderse cada día.

La desclasificación de los documentos no cerrará del todo las heridas, pero puede ofrecer al fin las respuestas que durante décadas se han escondido tras el silencio de los archivos.