El PP abre la puerta a cesiones a Vox en autonomías para garantizar "gobiernos estables

El Partido Popular (PP) busca entendimiento con Vox para gobernar juntos en las comunidades autónomas y allanar el camino para un posible acuerdo tras las elecciones generales. Este acercamiento se evidenció en una conversación telefónica entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal para reactivar las negociaciones en Extremadura y Aragón, que estaban estancadas.

Feijóo afirmó que “se puede abrir un escenario en el que el pacto se puede hacer posible” ante la posibilidad de una repetición electoral en Extremadura, que perjudicaría más a su partido. El líder del PP explicó que han aprobado un “documento marco” que establece las reglas del juego para “respetar el resultado de las urnas”. Reconoció que, aunque obtuvieron un “muy buen resultado” en Extremadura y Aragón, fue insuficiente: “Necesitamos un acuerdo estable con Vox”. El PP quiere que Abascal asuma la responsabilidad si las conversaciones fracasan.

Abascal, por su parte, expresó que este decálogo “le suena mal” porque “parece que cuando se habla de lo obvio en el marco de un acuerdo con Vox, probablemente se está ofendiendo a alguien”. El líder de Vox considera que el PP les trata “como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox” y restó optimismo a las negociaciones autonómicas.

En el documento, el PP asegura que los españoles rechazan al Gobierno de Pedro Sánchez y desean una nueva etapa política. Para ello, piden “equilibrio” en los acuerdos y un sistema de diálogo y consenso, especialmente en áreas donde Vox ha tratado de diferenciarse y ha atraído a sus votantes. A continuación, se analizan algunas de las concesiones que los populares hacen a su principal rival político.

Políticas climáticas

El PP rechaza las políticas climáticas “que destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria”. Defenderá un “mix energético completo” que incluya la energía nuclear y no aceptará cierres ni prohibiciones que comprometan la competitividad. Esto abre la puerta a modificar políticas climáticas, como propone Vox, que aboga por derogar la Ley de Cambio Climático o la Ley de Costas basándose en criterios económicos.

Vivienda

El PP cuestiona el “intervencionismo” del Gobierno y propone construir más vivienda con ayudas fiscales para los jóvenes, reducir la “burocracia urbanística” y movilizar suelo urbanizable. También defiende la lucha contra la “ocupación ilegal”, con desalojos exprés, nulidad de empadronamientos en viviendas ocupadas y “seguridad jurídica plena” para propietarios e inquilinos.

Tanto la medida para los “desalojos exprés” como la nulidad de los empadronamientos en viviendas ocupadas han sido propuestas por Vox a nivel nacional desde 2021. Sin embargo, la ley ya garantiza el desalojo exprés en los “allanamientos” de la residencia habitual y segunda vivienda, y los juristas han criticado el alarmismo injustificado al respecto.

Población vulnerable

El PP considera que los acuerdos autonómicos deben proteger la dignidad “de todos los ciudadanos” y promover la “solidaridad activa” hacia los más vulnerables. Sin embargo, distingue entre personas “necesitadas” y “aprovechadas”: “No perpetuaremos un sistema de subsidios en el que la gente trabaje para sostener a quien haya demostrado que no quiere hacerlo”.

Si bien Vox no tiene una política clara sobre subsidios a la población vulnerable, ha tratado de identificar a los inmigrantes como los beneficiados de estas ayudas. Vox busca vincular las ayudas sociales a “la residencia legal” en España, dejando fuera a cualquier persona en situación irregular.

Inmigración

El PP incluye dos secciones sobre política migratoria, a pesar de ser competencia estatal. Asegura que España “ha perdido el control” de la política migratoria y que “la inmigración irregular ha alcanzado niveles intolerables”, acercándose a los postulados de Vox. También critica la regularización aprobada por el Ejecutivo, argumentando que es “profundamente injusta” para quienes han seguido “las vías legales y se han esforzado por integrarse”. Además, defiende que “quien cometa delitos graves o haga de la delincuencia su forma de vida debe ser expulsado”, algo que ya existe en la legislación española.

A nivel autonómico, el PP menciona que se debe “contar” con las comunidades autónomas antes de “imponer decisiones” cuyas consecuencias “no asume” el Ejecutivo central. Esto hace referencia al reparto de los menores extranjeros no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas.

Familia y educación

El PP sitúa la natalidad “en el centro de la agenda política” y la familia como “primera red de apoyo” tanto de cuidados como de transmisión de valores, afirmando que hay quienes quieren sustituir el papel de la familia por “la intervención del Estado”. Este punto podría interpretarse como un acercamiento a la postura de Vox, que ha insistido en sus políticas de “los españoles primero” y de fomento de la natalidad, y que ha propuesto la creación del “pin parental”.

El PP reivindica “el papel fundamental del padre” y defiende proteger a los menores de la exposición prematura a contenidos “dañinos” y de “intervenciones que no respeten su proceso de maduración” o de “quienes pretenden utilizar las aulas o los servicios públicos para imponer una visión ideológica del mundo”. También establece que son los padres quienes “deben decidir sobre la educación de sus hijos y su formación moral” y se compromete a impedir que las aulas “se conviertan en espacios de adoctrinamiento ideológico”.

Feminismo

El PP menciona las dificultades de las mujeres en el acceso al empleo, la conciliación o la brecha salarial, estableciendo que estos problemas se resuelven “con políticas concretas y eficaces” que no detalla y que no se hace “enfrentando a los ciudadanos por su sexo”. La única propuesta concreta es la prohibición del burka y el niqab.
Otro punto que puede generar fricciones con Vox es la condena “de toda forma de violencia”, incluyendo la violencia machista. Sin embargo, el PP se acerca a Vox al añadir que combatirán estas violencias “con todos los recursos”, exigiendo “prescindir de cualquier partida que se haya demostrado inútil o contradictoria con este objetivo”, lo que podría suponer la apertura a reducir subvenciones o romper acuerdos con asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres.

Seguridad

El PP defiende que comparte con Vox su preocupación por el “deterioro” de la seguridad ciudadana. Menciona el crimen organizado, las bandas juveniles y la inseguridad, y asegura que no se combaten “con discursos” sino “con medios, con presencia y con leyes que se cumplan”. Su único compromiso claro es exigir al Gobierno “una respuesta penal a la altura” y que quien delinca asuma las consecuencias.