Un informe del Defensor del Pueblo refleja que de los cinco expedientes abiertos por violencia en el centro educativo de menores Virgen de Valvanera de Logroño entre 2022 y 2025, tres corresponden a niñas por violencia sexual ocurrida en las propias instalaciones. El documento, fechado el pasado 16 de enero, se ha elaborado a partir de una visita realizada en julio de 2025 para analizar posibles situaciones de disfunción o exclusión por motivos de género.

Este centro depende del Gobierno de La Rioja y su gestión la asume la Fundación Diagrama.

El informe, adelantado por el diario ‘El Día de La Rioja’, constata que el centro no garantiza a las menores el derecho a la información y el acceso a los servicios de asistencia y apoyo a la víctima. Además, tampoco asegura la correcta tramitación de las denuncias que se puedan formular.

El Defensor del Pueblo también indica que, entre 2022 y 2025, no consta la activación del protocolo respecto a las violencias sexuales sufridas con anterioridad al internamiento.

La institución considera imprescindible la detección precoz de la violencia sexual sufrida al ingreso para promover la recuperación física, psíquica, psicológica y emocional de las víctimas. El documento también señala que el centro carece de regulación de actuaciones específicas en caso de violencia de género, acoso por orientación sexual o por identidad o expresión de género.

Tras la visita, el Defensor del Pueblo ha solicitado información sobre por qué no se activó el protocolo de violencias previas y sobre la adaptación del centro a las circunstancias de las niñas.

Entre sus recomendaciones, figura la necesidad de incorporar la variable de sexo en la recogida de datos y elaborar estadísticas desagregadas para ajustar la respuesta educativa y terapéutica. También se pide facilitar a las menores, en el momento de su ingreso, documentación sobre los procedimientos para comunicar situaciones de violencia de género o acoso sexual.

La institución recomienda elaborar protocolos específicos para el tratamiento de la violencia sexual y articular un sistema de detección, actuación y derivación en casos de violencia de género.

Finalmente, se exige que la rehabilitación de los menores que cumplen medida por un delito contra la libertad sexual se implemente por profesionales especializados y que se refuercen las medidas de educación afectivo-sexual.

Fuentes de la Consejería de Salud y Políticas Sociales han indicado a EFE que no realizarán valoraciones adicionales sobre una resolución que se basa en información facilitada por el propio Gobierno de La Rioja y el centro. Han calificado el proceso como un “ejercicio de plena colaboración institucional”.

Asimismo, las mismas fuentes han subrayado que “la Administración actúa en todo momento con la máxima diligencia ante la más mínima sospecha, activando de forma inmediata los mecanismos previstos y dando traslado a las autoridades competentes”.