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El Ayuntamiento de Palma ha declarado como prioritaria la seguridad de las aproximadamente 200 personas que residen en la antigua prisión de la ciudad, de las cuales se estima que un 60% se encuentran en situación irregular. Esta acción se produce tras registrarse cuatro incendios durante el pasado fin de semana en el recinto.

“Lo único que nos preocupa es que ninguna de las personas que viven aquí puedan morir calcinadas”, declaró Javier Bonet, regidor de Coordinación Municipal, enfatizando la urgencia de evitar tragedias.

Ante la crítica situación, Bonet ha manifestado que el consistorio está solicitando ayuda a todas las administraciones pertinentes.

Se han establecido contactos con el Obispado de Mallorca y se planea involucrar al Ejército, buscando una acción conjunta para abordar este “problema de ciudad” y “problema de país”, que según el regidor, “ha ido degenerando en los últimos años”.

El Ayuntamiento está llevando a cabo un censo de los residentes, que será presentado este viernes a la Junta de Gobierno. Posteriormente, una Junta de Seguridad, en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional, definirá el plan de acción.

Bonet ha recordado que el procedimiento legal exige el cumplimiento de plazos: los notificados tendrán cinco días para presentar alegaciones y, tras ser citados, cuatro días para desalojar voluntariamente antes de que se recurra a la vía judicial.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, ha criticado la gestión del alcalde, acusándolo de utilizar un “método Albiol” y de “dejar en la calle a gente que ya está viviendo en condiciones que nadie desearía”. Muñoz también ha cuestionado la viabilidad de las alternativas ofrecidas y la falta de información proporcionada a las personas en situación administrativa irregular.