Documentos desclasificados del 23F: Revelaciones sobre el intento de golpe de Estado
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El Gobierno español ha puesto a disposición del público más de 150 documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Estos archivos contienen transcripciones de conversaciones telefónicas, incluyendo una presunta llamada entre García Carrés y Tejero mientras este último se encontraba en el Congreso. También se incluye un documento manuscrito que podría ser parte de la planificación del golpe.
La documentación proviene de diversas fuentes, como el Ministerio del Interior, la Guardia Civil, la Policía, el Ministerio de Defensa (incluyendo documentos del CNI y del archivo histórico) y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Un hallazgo destacado es que seis miembros de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID, el antiguo CNI, aparentemente “participaron activamente” en el intento de golpe y posteriormente intentaron ocultarlo.
Según un documento desclasificado por el Ministerio de Defensa, estos seis agentes “o bien conocían los hechos antes del 23 de febrero” o “planificaron un apoyo operativo que llevaron a efecto” y luego “trataron de encubrir su participación activando una operación que justificara sus movimientos” durante ese día.
Un episodio aún envuelto en misterio
Esta medida permitirá el acceso a información previamente secreta sobre un evento histórico que aún genera confusión e interrogantes. Historiadores y periodistas han recibido con beneplácito la noticia, ya que llevan años investigando lo que ocurrió aquel 23 de febrero, cuando un grupo de guardias civiles liderados por el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso. La sentencia judicial condenó a una treintena de sublevados y consolidó la versión oficial de que el fracaso del golpe se debió a la actuación decisiva del rey Juan Carlos y a la lealtad de la mayoría del Ejército.
No obstante, algunos expertos se muestran escépticos ante esta versión y sugieren que aún no se conoce toda la verdad sobre lo sucedido.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el acuerdo del Consejo de Ministros que autoriza la desclasificación de los documentos relativos al golpe de Estado, argumentando que ya no representan un “riesgo para la seguridad y defensa del Estado”. El acuerdo abarca “cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado” del 23-F. La propuesta fue realizada por los ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; de Defensa y del Interior.
El Gobierno alega que el tiempo transcurrido desde el intento de golpe de Estado —cuyos autores fueron condenados por el Tribunal Supremo en 1983 por un delito de rebelión militar— permite desclasificar la información sin generar “ningún riesgo real y presente”.
La Ley de Secretos franquista en el punto de mira
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado a los grupos parlamentarios que reformen la vigente Ley de Secretos de 1968 durante este semestre, aunque no ha aclarado si desclasificará documentos aún más antiguos que los de la intentona golpista de 1981 mientras se lleva a cabo la reforma. Varios grupos parlamentarios han urgido al presidente a desbloquearla.
En la sesión de control en el Pleno del Congreso, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, recordó que aún se mantienen clasificados como secretos documentos relacionados con episodios como los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria (una represión policial que causó la muerte de cinco sindicalistas), las cargas policiales en los Sanfermines de 1978, el caso de Mikel Zabalza (quien murió bajo tortura en 1985), los episodios de ‘guerra sucia’ del Batallón Vasco Español en la Transición y los del GAL durante el gobierno socialista de Felipe González.
Aizpurua argumentó que, al desclasificar los papeles del 23F, el Gobierno de coalición ha demostrado que, si existe voluntad, el Consejo de Ministros puede levantar el secreto que pesa sobre otros documentos, algunos incluso más antiguos, sin esperar a que se reforme la Ley de Secretos que rige desde el franquismo.
