
Desclasificación del 23F: La Industria del Bulo en España al Descubierto
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La reciente desclasificación de los archivos del 23F ha provocado una oleada de reacciones entre diversos sectores, evidenciando, según algunos analistas, un intento fallido de cortina de humo por parte del gobierno. Sin embargo, más allá de las acusaciones cruzadas, la publicación de estos documentos ha revelado información relevante sobre el intento de golpe de Estado y, sobre todo, sobre la maquinaria de desinformación que opera en España.
¿Qué revelan los documentos?
Los documentos desclasificados confirman en gran medida lo que ya se conocía: Antonio Tejero, el principal instigador del golpe, tenía un plan, mientras que otros actores involucrados tenían sus propias agendas. Muchos conocían los planes y permitieron que se llevaran a cabo, mientras que otros intentaron impedirlos. La Casa Real, como muchas familias españolas, experimentó dudas iniciales.
Asimismo, los documentos corroboran la seriedad del golpe y la disposición a utilizar la violencia. Los golpistas invocaron el nombre del Rey para legitimar sus acciones, pero el monarca no respaldó sus planes. Intentaron implicarlo posteriormente mediante campañas de desinformación, una estrategia que, según el análisis, no es nueva.
La Industria del Bulo en Acción
Más allá de los detalles del 23F, la desclasificación ha puesto de manifiesto la organización, eficiencia y disciplina de la “industria del bulo” en España. A los pocos minutos del anuncio de la desclasificación, las redes sociales se inundaron de contramedidas para desacreditar al gobierno y la democracia, exigiendo la publicación de información ya pública o inexistente.
El despliegue de esta estrategia requiere una considerable inversión de recursos, tiempo y jerarquía. El objetivo parece ser desactivar un anuncio que, según sus detractores, carecía de relevancia. Sin embargo, la rápida y coordinada respuesta sugiere un interés en ocultar quién se posicionó de qué lado durante aquella noche de febrero de 1981.
En definitiva, la controversia generada por la desclasificación de los archivos del 23F ha terminado por evidenciar la existencia de una maquinaria de desinformación organizada y eficiente en España, que opera con el objetivo de erosionar la legitimidad del gobierno y la democracia.













