Investigan al exalcalde de Cádiz "Kichi" por presunta prevaricación
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El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz ha decidido continuar con el procedimiento abreviado contra el exalcalde José María González “Kichi”, tras hallar indicios de un posible delito de prevaricación administrativa.
La investigación se centra en la actuación de un asesor externo que, según las pesquisas judiciales, habría desempeñado funciones reservadas al personal municipal sin la debida habilitación formal.
Además de González, la resolución judicial involucra a David Navarro, José Vicente Barcia, José Ramón Páez, Laura Jiménez y al propio asesor investigado. El juez considera que estas personas pudieron haber actuado de manera coordinada para otorgar al asesor facultades que no estaban contempladas en el marco legal.
Los hechos investigados se remontan al período comprendido entre abril de 2018 y abril de 2019.
Durante este tiempo, el asesor, adscrito al grupo municipal Por Cádiz Sí Se Puede, habría participado en labores de gestión municipal, según consta en el auto judicial.
El magistrado basa su decisión de mantener la investigación en informes policiales y comunicaciones electrónicas. En una de estas comunicaciones, el asesor se dirigía a una funcionaria para recordarle un trámite de contratación, según la documentación judicial.
Es importante destacar que el procesamiento no implica la apertura de un juicio inmediato, sino que marca el final de la fase de instrucción.
Ahora, el Ministerio Fiscal y las acusaciones deberán decidir si presentan o no un escrito de acusación. Solo en caso afirmativo se procedería a la apertura del juicio oral.
La defensa del exalcalde
En su declaración de junio de 2024, José María González “Kichi” defendió la legalidad de todas las decisiones tomadas durante su mandato, asegurando que se adoptaron “con estricto cumplimiento de la legalidad” y en beneficio de la ciudad.
El exregidor insistió en que su equipo actuó conforme a la normativa vigente y negó que el asesor tuviera poder de decisión sobre los funcionarios.
El auto judicial, en consonancia con el informe del Ministerio Fiscal de junio de 2025, pone fin a la instrucción del caso y deja abierta la posibilidad de que la causa continúe su curso o sea archivada, dependiendo de las decisiones que adopte la Fiscalía.
