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El Comité de Empresa de la Empresa Municipal de Aparcamiento de Cádiz (Emasa) ha alzado la voz contra la administración de la compañía, señalando directamente al concejal de Movilidad, José Manuel Verdulla, y al gerente, Ángel Casado, por lo que describen como una “gestión fantasma”. La denuncia se centra en la percepción de altos salarios por parte del cuerpo técnico, mientras la empresa, según el comité, se ve sumida en la inoperancia.

“Mientras el cuerpo de técnicos percibe sueldos galácticos, tanto el concejal de Movilidad como el gerente miran para otro lado permitiendo que la gestión real de una empresa municipal sea inexistente”, afirma el Comité en un comunicado.

Los trabajadores describen una dirección “instalada en una cómoda sombra que está hundiendo la empresa mientras cobran salarios de lujo por un trabajo que no sale adelante”. Aseguran que, mientras los directivos disfrutan de remuneraciones elevadas, los aparcamientos carecen de la debida vigilancia, vehículos nuevos permanecen sin utilizarse y el servicio público en general se encuentra en declive.

El Comité denuncia que la dirección “cobra fortunas por no gestionar nada”, acusándola de una falta total de liderazgo y abandono institucional.

Críticas a la gestión y a la contratación

El comunicado interno califica la situación como un “insulto a los gaditanos” y acusa a la dirección de amparar “la desidia de unos técnicos incapaces de sacar la faena diaria”. El Comité sostiene que Emasa sufre una “parálisis administrativa absoluta” y un “balance de inoperancia” que afecta a todos los niveles de la empresa.

Uno de los aspectos más criticados es la opacidad en la contratación.

Según el Comité, se está ignorando el convenio colectivo y el compromiso de crear una bolsa de empleo pública, optando en su lugar por la contratación a través de empresas de trabajo temporal. Subrayan la existencia de “trabajadores eventuales que llevan años ocupando puestos estructurales en una empresa pública, lo que resulta incomprensible”.

Asimismo, denuncian el “incumplimiento sistemático de la legislación laboral” y la toma de decisiones “obedecen a criterios unilaterales de los técnicos de gestión, especialmente cuando se trata de cuestiones salariales que los benefician directamente”. Como ejemplo de esto, se menciona el “despilfarro en asesoría externa”, refiriéndose a “15 meses pagando una fortuna por una contratación a través de una ETT para un ingeniero, contratado para ayudar al director técnico, con un resultado nulo”.

A todo esto se suma la falta de mantenimiento y control de los aparcamientos de zonas reguladas, que, según el Comité, están “sin vigilancia, creando malestar a los ciudadanos gaditanos”. Además, señalan que “dos vehículos nuevos adquiridos en diciembre de 2025 siguen parados por la incapacidad profesional de los técnicos para ponerlos en marcha”, mientras la plantilla sigue utilizando vehículos con más de 20 años de antigüedad.

Intervención de Inspección de Trabajo y riesgos en los aparcamientos

La Inspección de Trabajo ha tenido que intervenir tras “más de dos años de advertencias sobre la salud laboral de un compañero”.

La empresa, según el comunicado, “hizo caso omiso” hasta que la Inspección exigió una “evaluación de riesgos psicosociales” tanto para el trabajador afectado como para el resto de la plantilla.

“Cobran salarios bestiales pero no son capaces de cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hasta que un inspector se lo exige”, lamenta el Comité.

En cuanto a los aparcamientos sin personal, el Comité advierte que “se han convertido en zonas de riesgo para la ciudadanía y los propios trabajadores”, donde “actos vandálicos, robos y pernoctaciones hacen que generen un riesgo altísimo para todos”. La suciedad acumulada y el abandono generalizado son, para los representantes de los trabajadores, “la imagen de una gestión que prefiere ahorrar en personal de primera línea mientras mantiene nóminas astronómicas en los despachos”.

El comunicado concluye con una advertencia: “No vamos a tolerar que se siga degradando el servicio público mientras una minoría privilegiada mira hacia otro lado desde sus despachos”. El Comité exige que “los responsables políticos y técnicos justifiquen sus salarios con resultados inmediatos”.