Jueces de la CPI bajo sanciones de Trump: una vida sin tarjetas ni Google
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Las juezas Kimberly Prost y Luz del Carmen Ibáñez Carranza aseguran que las represalias de EEUU no afectarán el trabajo del tribunal internacional.
El shock de las sanciones
La jueza canadiense Kimberly Prost se sorprendió al enterarse de las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump. Después de años juzgando crímenes de guerra y lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI), su nombre aparecía junto al de terroristas. “No me lo creía”, afirma.
Las consecuencias fueron tanto psicológicas como materiales: le cancelaron tarjetas de crédito y cuentas de Amazon y Google. Prost se sintió abrumada por lo que describe como un “ataque directo y flagrante” contra la CPI.
“Son medidas coercitivas diseñadas para atacar nuestra capacidad de desarrollar nuestro trabajo de forma independiente y objetiva”, explica. “Queremos que la gente entienda que es una equivocación”.
Las trabas impuestas por Trump
El gobierno de Donald Trump dificultó la labor de la corte. Sancionó a 11 de sus funcionarios, incluyendo el fiscal jefe y ocho jueces, prohibiéndoles viajar a Estados Unidos y amenazando con multas y penas de prisión a empresas estadounidenses que les presten servicios.
Trump acusó al tribunal de participar en “acciones ilegítimas y sin fundamento contra Estados Unidos y contra Israel”, insinuando que las sanciones eran una represalia por investigar a altos cargos de ambos países. Ni Estados Unidos ni Israel son firmantes del Estatuto de Roma que dio origen a la CPI.
Son medidas coercitivas diseñadas para atacar nuestra capacidad de desarrollar nuestro trabajo de forma independiente y objetiva. Queremos que la gente entienda que es una equivocación.
Kimberly Prost – Jueza de la CPI
Tras la orden ejecutiva de Trump, Canadá, Brasil, Dinamarca, México, Nigeria y otros 74 países expresaron su apoyo a la CPI en un comunicado conjunto, advirtiendo que las sanciones “aumentan el riesgo de impunidad por los delitos más graves y amenazan con erosionar el derecho internacional”.
Impacto en la vida cotidiana y familiar
Prost, quien trabajó en el programa de sanciones de Naciones Unidas, se sorprendió por el alcance de las sanciones impuestas. “Tiene un impacto tan grave en la vida cotidiana, no es simbólico”, dice. “Pierdes todas tus tarjetas de crédito, independientemente de dónde se hayan emitido”.
Tareas cotidianas como reservar un taxi, un vuelo o una habitación de hotel se volvieron imposibles. Las transferencias bancarias se volvieron inciertas. Tras la cancelación de sus cuentas de Amazon y Google, Prost temía perder otras cuentas. “Todo se convierte en un gran desafío”, señala.
Para la jueza peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza, las sanciones estadounidenses son la segunda vez que una potencia la ataca por su trabajo en la CPI. En diciembre, un tribunal ruso la juzgó en ausencia, junto al fiscal jefe y otros jueces, tras la orden de detención contra Vladímir Putin por la invasión de Ucrania, imponiéndoles penas de hasta 15 años de cárcel.
Las sanciones de Estados Unidos tienen mayor impacto debido al peso del país en el sistema financiero mundial. Ibáñez relata que su banco en Países Bajos le canceló la tarjeta de crédito poco después de las sanciones. “¿Por qué? Es un banco europeo, no estadounidense”, se pregunta. “Estamos detectando un exceso de celo en el cumplimiento de las sanciones, algunos bancos están aterrorizados por sus relaciones con bancos o instituciones estadounidenses”.
Lo más doloroso fue ver cómo las sanciones afectaban a su hija, a quien le cancelaron el visado estadounidense y sus cuentas de Google. “Ella vive en otra parte del mundo, no tiene ninguna relación con la CPI”, lamenta. “Es triste, es una clara represalia por algo que ella no ha hecho”.
Según Ibáñez, este es el procedimiento general contra la CPI: parejas, padres e hijos de los funcionarios terminan atrapados en la red de sanciones. “Es el tipo de persecución que el mundo no debería permitir”, afirma. “Estamos al servicio de la humanidad, hacemos justicia a las víctimas más vulnerables del mundo, a millones y millones de mujeres y niños que no tienen voz”.
Hago un llamamiento al mundo entero para que defienda esta institución, cuya causa es la de la humanidad”.
Luz Carmen Ibáñez – Jueza de la CPI
Ibáñez defiende que la corte cumple una labor fundamental al aceptar casos de países que no pueden o no quieren juzgar delitos cometidos en su territorio. “Por eso hago un llamamiento al mundo entero para que defienda esta institución, cuya causa es la de la humanidad”, reclama.
Un momento difícil para la CPI
Las sanciones agravan un panorama ya complicado para la corte, tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra su fiscal jefe, Karim Khan, quien niega las acusaciones.
Hasta ahora, las medidas se han centrado en personas concretas, pero la corte teme que Washington pueda imponer sanciones al tribunal en su conjunto. “La preocupación es que las sanciones se utilicen para cerrar la corte, para destruirla, y no solo para atarla de manos”, alertó un alto cargo de la CPI.
Según Prost, la institución tomó medidas preventivas. Tanto ella como Ibáñez están convencidas de que las acciones del gobierno de Trump, aunque difíciles a nivel personal, no afectan al trabajo de la corte. “Estas medidas son completamente inútiles”, dice Prost. “En nombre de todos los jueces y fiscales de este tribunal, puedo decir que seguiremos desempeñando nuestras funciones con independencia; esto no afecta a la forma en que analizamos los casos ni a cómo los resolvemos”.
