La jueza señala fallos sistémicos del Gobierno del PP en la DANA y apunta a tres consellers
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La exposición de motivos de la jueza de la DANA, elevada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) para solicitar la imputación de Carlos Mazón, actual diputado autonómico del PP, no solo afecta al expresident. La resolución critica duramente a dos vicepresidentes y a un conseller de Mazón, que continúan en el actual Ejecutivo, por la “flagrante falta de coordinación y cooperación” ante la emergencia de la DANA del 29 de octubre de 2024, jornada que se saldó con 230 fallecidos. Los señalados son Susana Camarero, vicepresidenta primera; Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero; y José Antonio Rovira, conseller de Educación en aquel momento y actual titular de Economía y Hacienda.
Según la jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, la actuación de Rovira fue de “especial relevancia”.
En plena alerta roja por la DANA, el conseller de Educación se trasladó a su domicilio en Alicante con su vehículo oficial, a pesar de que los centros educativos permanecían abiertos y la Universitat de València (UV) había suspendido las clases desde el día anterior.
“No se estableció la suspensión de las clases”, lo que expuso a menores, padres y docentes al peligro. La jueza recuerda que un menor y sus padres fallecieron al regresar a casa desde el centro escolar, y menciona el caso del director del IES de Cheste, que “permaneció en el instituto hasta que todos lo hubieran abandonado”, perdiendo la vida en el proceso.
“Esto es especialmente significativo si atendemos a otros órganos educativos que sí adoptaron las medidas precisas”, subraya la jueza, refiriéndose a la suspensión de las clases por parte de la UV, una decisión que la secretaria autonómica de Universidades reconoció desconocer.
La jueza lamenta la “falta de coordinación” entre Mazón (como “nivel supremo de capacidad de decisión” del Ejecutivo autonómico), Salomé Pradas (investigada en la causa) y los otros consellers cuestionados.
Susana Camarero “abandonó” el Cecopi
El departamento de Servicios Sociales, dirigido entonces por Susana Camarero, tiene una “especial importancia” en la protección y atención “a los más vulnerables”, especialmente a las personas dependientes, según la exposición de motivos.
La jueza instructora recuerda que Camarero “abandonó” la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para asistir a la entrega de unos premios, a pesar de conocerse el peligro en la presa de Forata.
La magistrada recuerda que los fallecimientos se produjeron tanto en residencias de la tercera edad como en domicilios de personas usuarias del servicio de teleasistencia.
La teleasistencia “es obvio que falló”
La resolución cuestiona la gestión de la vicepresidenta Camarero: “La comunicación previa a personas tan vulnerables como las usuarias de teleasistencia que fallecieron el 29 de octubre de 2024, es obvio que falló. Nadie les alertó”.
También critica el argumentario de la Generalitat sobre el servicio de teleasistencia: “El hecho de que se califique como teleasistencia no impide en modo alguno que se les llamara para alertar”. La resolución insiste en que la comunicación con los usuarios “es bidireccional”.
Y añade: “No sólo está prevista para recibir llamadas de auxilio y ayuda. Una oportuna gestión y coordinación permite ponerse en contacto con los usuarios para alertarlos. Que no se llevara a cabo es una cuestión distinta”.
“Falta de coordinación” en el “control de los barrancos”
La jueza también critica a la Conselleria de Medio Ambiente, que dirige Vicente Martínez Mus, quien también asistió a los mismos premios a los que se fue Susana Camarero.
La exposición de motivos aprecia una “falta de coordinación” con la “remisión de medios humanos destinados al control de los barrancos”.
A juicio de la instructora, se trata de una “gravísima y negligente pasividad, por quien podía y debía de haber asumido las funciones en la gestión de la emergencia”.
La “flagrante falta de coordinación y cooperación” entre los distintos departamentos del Ejecutivo autonómico del PP y, “específicamente, la ausencia de cualquier orden” por parte de Pradas a los otros consellers, “implica por las funciones propias del presidente de la Generalitat Valenciana, al señor Carlos Mazón”, concluye la exposición razonada de la jueza.
