Los votos del PP y Vox en el ayuntamiento de Alicante han rechazado este jueves la reprobación del alcalde de la ciudad, el popular Luis Barcala. La moción, solicitada por los partidos de la oposición —PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem—, se fundamentaba en las presuntas irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas de la Playa de San Juan.

La clave de la votación estaba en Vox, que ha mantenido una postura ambigua durante toda la crisis.

La portavoz del partido, Carmen Robledillo, ha manifestado que, aunque siguen pidiendo la marcha de Barcala por la sospecha de corrupción que, a su juicio, arroja el caso, no apoyarían la reprobación para no “participar en el teatro político de la izquierda”.

La estrategia de la izquierda, ha dicho Robledillo, es una “farsa” que solo busca un “arma electoral”. Por ello, ha recalcado de forma contundente: “No les vamos a facilitar la estrategia”.

Durante la defensa de la iniciativa, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha calificado el reparto de las viviendas de “obsceno y repugnante”.

Ha sostenido que el alcalde “no es la víctima” y le ha urgido a aclarar si estaba al tanto de la situación, concluyendo que, en cualquier caso, la única salida es su dimisión.

Por su parte, Rafa Mas, de Compromís, ha afirmado que Barcala “lo sabía todo y lo ocultó” y que “está metido en la corrupción hasta las cejas”. En la misma línea, Manolo Copé (EU-Podem) ha justificado la dimisión como un acto necesario para “devolver la dignidad a la ciudad y al ayuntamiento” ante unas actuaciones que “asaltan lo público para su interés particular”.

En defensa de Barcala, la portavoz del PP, Mari Carmen España, ha acusado a la oposición de intentar “el desgaste personal” del alcalde.

Según España, los partidos de izquierda han construido un “relato” que busca dañar su “honorabilidad”, a pesar de que el popular “se deja la piel” por la ciudad.

La crisis se centra en la promoción de viviendas públicas Les Naus, un caso que ya se ha saldado con varias dimisiones de altos cargos, entre ellas la de la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez (PP). Además, el escándalo ha provocado la apertura de una investigación en un juzgado para esclarecer los hechos.