La UE busca penalizar la fabricación de armas con impresoras 3D
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La Comisión Europea ha presentado una propuesta de directiva con el objetivo de combatir el tráfico de armas de fuego, incluyendo por primera vez las armas fabricadas con impresoras 3D. La iniciativa busca armonizar los códigos penales de los países miembros para perseguir la creación, adquisición, posesión y distribución ilícita de planos para la impresión 3D de armas, considerando esto una amenaza creciente para la seguridad.
Según el comisario de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, los delincuentes y terroristas están explotando las nuevas tecnologías y las lagunas legales para propagar la violencia y el crimen. La propuesta busca proteger a los ciudadanos europeos estableciendo un marco a nivel de la UE sobre delitos y penas relacionados con armas de fuego, y cerrando las brechas legales en torno a las armas impresas en 3D.
La propuesta establece una pena máxima de al menos dos años de prisión para la impresión 3D de armas de fuego, así como para su creación, adquisición, posesión y difusión ilícita de planos.
Aunque el Código Penal español no contempla específicamente un artículo sobre la fabricación, posesión o tráfico de armas fabricadas con impresoras 3D, se entiende que los artículos 563 y 564, relativos a la tenencia, fabricación y tráfico de armas prohibidas o modificadas sustancialmente, así como armas sin marcas o numeración, podrían incluir este tipo de armas.
La medida también busca armonizar las sanciones en toda la Unión Europea con respecto al tráfico, fabricación o posesión de armas de fuego ilícitas, así como la falsificación o eliminación ilícita de las marcas obligatorias que identifican las armas y sus componentes esenciales.
Bruselas ha declarado que las armas de fuego ilícitas representan una grave amenaza para la seguridad pública, facilitando el terrorismo, la delincuencia organizada, la violencia de pandillas y otros delitos graves. Este riesgo se ve amplificado por los avances tecnológicos como la impresión 3D y la evolución de las amenazas fuera de las fronteras de la UE.
Por este motivo, se propone que el tráfico y la fabricación de armas de fuego ilícitas tengan una pena máxima de al menos 8 años de prisión. La posesión de armas de fuego ilícitas, componentes esenciales y munición podría acarrear una pena máxima de al menos 5 años de cárcel, mientras que la manipulación de marcas de identificación (falsificación, eliminación o alteración) sería castigada con penas máximas de al menos 4 años.
