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El sector promotor en Valencia se enfrenta a un panorama complejo marcado por el aumento constante de los precios de la vivienda y las dificultades para reponer el suelo urbanizable. Vicent Llácer, vicepresidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Valencia (Aprova) y director general del Grupo Ática, ha señalado que la vivienda se ha convertido en una grave preocupación para la población.

Precios en constante ascenso

Según Llácer, el principal problema para los compradores es el precio de la vivienda, que ha experimentado incrementos superiores al 10% en los últimos tres años. Desde Aprova se prevé que esta tendencia alcista continúe, con un ritmo de crecimiento anual del 10%, lo que dificulta cada vez más el acceso a la propiedad.

Una “yincana” para los promotores

Desde la perspectiva de las empresas promotoras, el escenario se describe como una “yincana”. Llácer destaca dos grandes obstáculos: la escasez de mano de obra especializada para construir al ritmo necesario y la dificultad para reponer el suelo.

“Estamos consumiendo los suelos que tenemos para ofrecer vivienda acabada, la velocidad con la que estamos consumiendo los suelos, no conseguimos reponer la misma velocidad”, afirma.

La burocracia como freno al desarrollo

La concentración de la población en las grandes ciudades, como Valencia, ha agotado el suelo urbano disponible, lo que ha puesto en valor las áreas metropolitanas. Sin embargo, el desarrollo de estos terrenos se enfrenta a un muro burocrático. “Con el marco normativo que tenemos, desarrollar los suelos nos lleva entre 15 y 20 años”, denuncia Llácer.

Para ilustrar la magnitud del problema, el vicepresidente de Aprova expone un caso concreto de su propia empresa, Grupo Atica. Se trata de un sector de 2.500 viviendas junto a la A-3 en Valencia, cuyo desarrollo se prolongará durante 30 años.

El debate sobre la huerta protegida

Otro factor que genera controversia es la protección de la huerta valenciana.

Llácer defiende el valor medioambiental de la huerta, pero critica la protección de terrenos que, en su opinión, “no es huerta”, parcelas rústicas sin explotar que acaban convertidas en vertederos y focos de inseguridad. Propone que estos “huecos” se aprovechen para “hacer más ciudad” o, en caso de protegerlos, que la administración invierta en su mantenimiento.

Exigencias normativas

Las exigencias normativas impuestas por instancias autonómicas, nacionales y europeas también contribuyen a encarecer el producto final. Llácer considera que se imponen “niveles de calidad y de equipamiento brutales, descomunales” que no se corresponden con la realidad climática de España ni con la capacidad económica de la demanda.

El promotor subraya que el objetivo no es renunciar a viviendas dignas, pero critica que se malgaste dinero en calidades que el cliente “no se lo puede permitir”. “Lo que no podemos es intentar construir unas viviendas como si fueran Ferraris cuando lo que necesitamos son utilitarios”, sentencia.

El Plan Vive como contrapunto positivo

Como aspecto positivo, Llácer valora iniciativas como el Plan Vive de la Generalitat, que ha puesto a disposición de los promotores suelo público para construir Vivienda de Protección Oficial (VPO).

Esta vía ha permitido al sector ofrecer casas a un precio tasado, especialmente dirigidas a los jóvenes.