Los documentos "confidenciales" de la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria

Vitoria, conquistada por los franquistas en 1936, reviviría casi cuarenta años después, el 3 de marzo de 1976, uno de los últimos actos de represión de la dictadura, apenas 104 días después de la muerte de Francisco Franco.

Ese día, la Policía Armada disolvió a tiros una asamblea obrera en la iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga, causando la muerte de tres huelguistas: Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente y Romualdo Barroso Chaparro. Otros dos, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral, fallecerían posteriormente. Además, hubo 41 heridos de bala y medio centenar con diversas lesiones. Las protestas se extendieron a Tarragona, Basauri e incluso Roma, cobrando más vidas.

En la víspera, el Gobierno Civil ya había advertido que reprimiría “con todo rigor” cualquier conducta “antisocial”. Testimonios de la época hablan de “mil tiros” y de una “masacre” perpetrada por la policía.

Documentación interna del Gobierno Civil

Con motivo del 50 aniversario de estos hechos, elDiario.es/Euskadi ha accedido a documentación interna del Gobierno Civil de Álava, la Brigada Político Social del Cuerpo General de Policía y la Guardia Civil, datada entre 1975 y 1977, gracias a la colaboración del Archivo de Álava. Algunos de estos documentos llevan el sello de “confidencial”. También se han consultado archivos de la CIA y material recopilado por una comisión del Parlamento Vasco en 2008.

Los informes revelan una creciente oposición al régimen desde septiembre de 1975, aunque también reconocen el carácter “pacífico” de muchas movilizaciones. La Justicia militar de la época calificó las muertes causadas por la Policía Armada como “homicidio”, pero archivó las actuaciones por no hallar responsables concretos.

El historiador Antonio Rivera sugiere que tanto los líderes de las organizaciones clandestinas como el propio Estado veían en el 3 de marzo de 1976 un intento de insurrección. Sin embargo, las huelgas que llevaron a la asamblea de San Francisco de Asís respondían principalmente a reclamaciones económicas y laborales de miles de trabajadores.

La congelación salarial, la inflación y los efectos de la crisis del petróleo de 1973, sumados a la ineficacia del sindicato vertical y las expectativas de cambio tras la muerte de Franco, crearon un caldo de cultivo para la protesta. Vitoria, además, había cuadruplicado su población durante la dictadura, con la llegada de trabajadores de otras regiones de España que se asentaron en barrios humildes como Zaramaga.

El inicio de las movilizaciones

Las movilizaciones obreras comenzaron el 9 de enero en Forjas Alavesas, y se extendieron a otras empresas como Mevosa (actual Mercedes-Benz), Aranzábal y Cablenor. Se crearon comisiones representativas en cada empresa, con una plataforma reivindicativa común y asambleas compartidas. Las iglesias se utilizaban como refugio, amparadas por el concordato entre España y el Vaticano. El 3 de marzo fue la tercera huelga general, aunque la actuación policial se remontaba al 2 de febrero. El 26 de enero ya había 6.000 trabajadores en huelga.

Informes policiales y propaganda

El año 1976 comenzó en Vitoria con una pancarta del PSOE en la plaza principal exigiendo “Libertad para todos los presos políticos”. Los informes policiales detallan el seguimiento de las huelgas y la detección de propaganda considerada subversiva. El 13 de enero, la Guardia Civil informó de una asamblea de 800 personas en la iglesia de Belén, seguida de una marcha “pacífica” hasta la sede del sindicato franquista.

Otro informe de la Guardia Civil alertaba sobre la existencia de propaganda clandestina y una protesta de “3.000 individuos” que cantaron consignas como “amnistía general” y “Gora Euzkadi askatuta!”. La Policía Armada, según el informe, “en ningún momento efectuó carga alguna”.

También se detectó “propaganda positiva” para el régimen, con folletos que exaltaban el sentimiento españolista y criticaban las reivindicaciones nacionalistas vascas. El teniente coronel Antonio Tejero, futuro líder del golpe de Estado del 23-F, era el jefe de la zona 512 de la Guardia Civil en Vitoria hasta el 5 de enero de 1976.

La víspera de la matanza

El 2 de marzo, la Guardia Civil informó sobre un camión con matrícula de Tarragona que sufrió el pinchazo de sus seis ruedas, así como del seguimiento de las protestas en varias fábricas. También se aludía a la propaganda interceptada y a la “solidaridad” de parte del personal educativo. Unas 600 mujeres salieron de la iglesia de Belén hacia Forjas Alavesas, sin que se produjeran “incidentes”, según la Guardia Civil.

El Gobierno Civil, por su parte, advertía sobre la intención de “organizar manifestaciones no autorizadas” y la posibilidad de “conductas socialmente reprobables”, anunciando que se reprimirían “con todo rigor” estas acciones.

Miércoles de ceniza: la masacre

Según un memorando del Parlamento Vasco de 2008, la tercera jornada de huelga general del 3 de marzo “tampoco se caracterizó por la violencia”. Sin embargo, la “tensión social” acumulada durante siete semanas y las dificultades económicas de los huelguistas llevaron a las autoridades a “reclamar más fuerzas policiales”.

Durante la mañana hubo una asamblea obrera en la iglesia de Los Ángeles, y la Policía Armada “instó al desalojo”. También entraron en la iglesia de Desamparadas, interviniendo contra manifestantes que confluían hacia el centro de la ciudad. Hacia las 11:00 hubo cargas con “fuego real” en la Avenida del Generalísimo, y se registraron “varios heridos de bala”. La ciudad quedó colapsada.

Tras una tregua para comer, la actividad se retomó a las 17:00 con la asamblea en San Francisco de Asís, una iglesia con capacidad para albergar grandes reuniones. A las 16:45, el recinto ya estaba lleno, con unas 4.000 personas dentro y otras tantas fuera.

La Policía Armada se personó y, sobre las 17:10, recibió la orden de desalojar. Tras intentar convencer al párroco sin éxito, la policía inició el asalto lanzando botes de humo, provocando el pánico y una estampida. Los antidisturbios esperaban fuera para golpear a los asambleístas, mientras que otros intentaban escapar por los ojos de buey de la iglesia.

Las personas que estaban fuera comenzaron a arrojar objetos a los agentes para facilitar la salida de los atrapados. Agotados los materiales antidisturbios, la Policía Armada recurrió a armas de fuego, resultando en cinco fallecidos, 41 heridos de bala y decenas de heridos leves. Los agentes llegaron a cargar en las Urgencias del hospital de Santiago.

Hubo 150 detenidos, y los líderes sindicales Jesús Fernández Naves e Imanol Olabarria fueron acusados de “sedición” y encarcelados. 28 policías resultaron con lesiones, y tres fueron hospitalizados.

Grabaciones en ‘cassette’: La prueba de la masacre

Las conversaciones entre los agentes actuantes por la emisora interna, grabadas en ‘cassette’, se convirtieron en una prueba fehaciente de lo sucedido:

“Procedan a desalojar la iglesia. Cambio.”
“Desalojen la iglesia como sea. Cambio.”
“Está repleta de tíos. Por fuera estamos rodeados de personas. Vamos a tener que emplear las armas. Cambio.”
“Sacarlos como sea. Cambio.”
“A ver, ¿ese fuego qué ha sido? ¿Tiro al aire? Cambio.”
“De momento de los nuestros no hay ninguno [herido]. Cambio.”
“Se puede figurar. Después de tirar igual mil tiros y romper toda la iglesia de San Franscisco, ya me contará cómo está toda la calle y cómo está todo. Cambio.”
“¿En este momento seguís cargando y seguís con lío? Cambio.”
“Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio.”
“Aquí ha habido una masacre. Cambio.”
“Muy bien, pero de verdad una masacre.”

El máximo mando policial responsable de la carga era Jesús Quintana Saracíbar, y el gobernador civil era Rafael Landín, quien dio la orden de movilizar a la compañía de Vitoria y a una unidad de reserva de Miranda de Ebro. El ministro del Interior era Manuel Fraga, y el ministro de Relaciones Sindicales era Rodolfo Martín Villa.

Los papeles desclasificados de la CIA

Los archivos de la CIA contienen dos informes sobre los sucesos de Vitoria. El primero, del 5 de marzo de 1976, señala que la violencia en Vitoria fue “la peor desde que Juan Carlos se convirtió en rey”. El informe añade que el Gobierno Civil insistió en que la Policía solo abrió fuego en defensa propia, y que las muertes podrían proporcionar “los mártires buscados por parte de la oposición de izquierdas”.

La CIA también señala que las autoridades locales expresaban dudas sobre los “métodos” empleados para “garantizar el orden público”, y que Madrid trataría de calmar la situación, aunque Fraga caminaría “sobre la cuerda floja entre su deseo de no retrasar las reformas prometidas y sus declaraciones de que no tolerará el desorden en las calles”.

El segundo documento de la CIA, fechado el 12 de marzo de 1976, señala que Fraga pagaría “algún tipo de precio político por lo de Vitoria”. La CIA compró buena parte de las explicaciones del régimen español, sosteniendo que “pequeños grupos extremistas” se habían infiltrado entre los obreros y “fueron probablemente los principales instigadores de la violencia”. Estiman que 300.000 personas salieron a la calle esos días, las movilizaciones sociales más importantes “desde la Guerra Civil”.

El recorrido judicial: impunidad

El 4 de marzo de 1976 se iniciaron diligencias por la muerte de Romualdo Barroso, pero el magistrado se inhibió en favor de la jurisdicción militar. El sumario se reabrió en Vitoria, y el capitán de la Policía Armada, Quintana Saracíbar, se excusó diciendo: “No nos quedó más remedio que disparar”.

El asunto se derivó al Tribunal de Orden Público y luego a la jurisdicción militar, quedando “sobreseída” la causa por la “imposibilidad de identificar a los responsables”, aunque se asumió que habían cometido un delito de “lesiones” u “homicidio”.

Años después, las víctimas interpusieron una querella criminal contra el gobernador civil y contra el capitán de la Policía Armada, pero la Audiencia Provincial de Álava la cerró por haber sido el asunto revisado en la vía militar. El Tribunal Constitucional inadmitió los recursos de amparo. Se intentó también un proceso en Argentina con base en la jurisdicción internacional, y una magistrada llegó a dictar una orden de extradición del exministro Martín Villa.

En 2022, el exministro calificó de “espectáculo” el proceso argentino, aunque admitió que “pudo” ser el “responsable político e incluso penal” del 3 de marzo de 1976 de Vitoria, pero negó que existiera un “plan” para “aterrorizar” a la ciudadanía. Martín Villa tiene comprometida una entrevista con Radio Vitoria que será emitida el mismo día del quincuagésimo aniversario.