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Gregorio Salvador identificó en los años 80 un concepto ausente en los estudios de la lengua: la influencia afectiva de la lengua materna en nuestra relación con la cultura. Esta intuición, plasmada en su libro ‘Lengua española y lenguas de España’ (1987), partía de la ‘lealtad lingüística’ de Uriel Weinreich para acuñar el término ‘deslealtad lingüística’, un fenómeno particularmente español.

Salvador definía esta deslealtad como la actitud del monolingüe castellano que, en ciertas regiones, reniega de su lengua materna, inventando un desarraigo hacia otra lengua que nunca ha poseído.

Esta descripción, décadas después, evoca la propuesta de una ley para la inexistente “lengua andaluza”.

De la baza política al presupuesto implacable

En el pasado, se difundió una imagen negativa del español en algunas regiones, tildándolo de lengua “imperialista, usurpadora, glotófaga”. Más recientemente, activistas regionales han insultado a la lengua común, asociándola con términos peyorativos.

La reivindicación de una lengua propia fue una estrategia política legítima durante la Transición, pero la deslealtad, al encontrar financiación, se tornó implacable.

Discriminación y doble moral

Actualmente, muchos critican la supuesta falta de sensibilidad de la derecha hacia las lenguas cooficiales, pero simultáneamente promueven la desaparición del castellano en ámbitos oficiales como la sanidad, la docencia y la burocracia, o ignoran su discriminación educativa en regiones donde se institucionaliza la mala reputación del español. Esta deslealtad lingüística, aunque se considere un pecado venial, suena anacrónica y roza la infidelidad.