La Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, ha puesto en marcha el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones tras un episodio violento sufrido por una enfermera del Centro de Salud de Alcalá de los Gazules, perteneciente al Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda.

El suceso, ocurrido el pasado martes, ha vuelto a poner de relieve el grave problema de las agresiones físicas y verbales a profesionales del sistema sanitario público andaluz.

Según confirmaron fuentes del distrito, la enfermera fue abordada en su consulta por una usuaria que acudió al centro para recriminarle la atención prestada a un familiar. Durante el altercado, la paciente impidió a la profesional abandonar la consulta, sujetándola con fuerza por un brazo.

La sanitaria consiguió finalmente zafarse y acudir al despacho del director del centro, quien trató de mediar con la usuaria. Tras la intervención del responsable, la mujer abandonó las instalaciones.

La profesional, visiblemente afectada, ha presentado ya la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes.

Tanto la Delegación Territorial de la Consejería de Sanidad en Cádiz como la Dirección del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda han mostrado su apoyo a la trabajadora y su repulsa ante el incidente.

En un comunicado conjunto, han reiterado su “tolerancia cero” hacia cualquier tipo de agresión, subrayando que “la responsabilidad recae únicamente sobre quien agrede” y que “ninguna circunstancia puede justificar un acto violento contra quienes cuidan de la salud de la ciudadanía”.

Plan de Prevención y Atención a las Agresiones de la Junta de Andalucía

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, encabezada por la consejera Catalina García, mantiene desde hace años diversas líneas de acción dentro del Plan de Prevención y Atención a las Agresiones.

Entre sus medidas más destacadas se encuentra la creación de la figura del “profesional guía”, encargado de acompañar y orientar a los trabajadores que sufren una agresión, además de la implantación de canales de comunicación rápidos y seguros para que las víctimas no afronten solas los momentos posteriores al ataque.

También contempla asistencia psicológica prolongada, asesoramiento jurídico y formación específica para el personal sanitario sobre cómo actuar ante episodios de violencia.

Este marco de actuación se ha reforzado con la reciente puesta en marcha del Observatorio de Agresiones, un órgano asesor que comenzó a funcionar en noviembre pasado. Su finalidad es analizar la evolución de la violencia en el entorno sanitario, evaluar las políticas aplicadas y proponer nuevas medidas de prevención.

El observatorio, integrado por expertos en salud laboral, seguridad y gestión pública, permitirá un seguimiento más detallado de las incidencias registradas y facilitará la coordinación entre los distintos niveles asistenciales.

En paralelo, la provincia de Cádiz cuenta con una comisión provincial contra las agresiones a profesionales de la salud, instrumento recogido en el propio Plan del SAS.

Este órgano, presidido por la delegada territorial de Sanidad, se reúne trimestralmente en diferentes puntos de la provincia y reúne a representantes de hospitales, distritos sanitarios, áreas de gestión y del servicio 061 Emergencias Sanitarias de Andalucía, además de interlocutores de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la asesoría jurídica y la Secretaría General de la Delegación.

El objetivo de estos encuentros es poder compartir información así como poder detectar puntos de mejora para reducir los ataques físicos y verbales a los profesionales del sistema público.

Desde la Administración de la Junta de Andalucía se insiste en que la prevención de la violencia en los centros sanitarios requiere la colaboración de todos: instituciones, fuerzas de seguridad y ciudadanía.

La Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía recuerda que los trabajadores del sistema público desarrollan su labor en un entorno de creciente presión asistencial, y que cualquier agresión, por leve que parezca o pueda ser, tiene consecuencias graves tanto en el plano personal como profesional.

La activación del Plan de Prevención en Alcalá de los Gazules intenta atender y proteger a la enfermera agredida, también el poder reforzar el compromiso institucional con la seguridad del personal sanitario.

Este nuevo incidente evidencia la necesidad de seguir incentivando y promoviendo políticas efectivas que garanticen el respeto y la integridad de quienes sostienen, día a día, la atención sanitaria en Andalucía.