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El Gobierno español ha anunciado una importante ampliación en los derechos de los trabajadores con discapacidad, permitiéndoles acceder a la jubilación anticipada a partir de los 56 años sin penalización en su prestación. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha confirmado la inclusión de 11 nuevas patologías al listado que da derecho a esta modalidad de jubilación.

Un Acuerdo Fruto de la Colaboración

Esta actualización normativa es el resultado de un intenso trabajo en colaboración con diversos actores, incluyendo el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y una comisión técnica especializada.

Esta comisión se encargó de evaluar el impacto de diversas patologías en la vida laboral de las personas.

Beneficios para Miles de Trabajadores

Se estima que alrededor de 50.000 trabajadores en España podrán beneficiarse de esta medida. Entre las nuevas patologías incluidas se encuentran el párkinson, la enfermedad renal grave y la espina bífida.

La normativa se aplica a personas con un grado de discapacidad reconocido superior al 45% debido a estas enfermedades.

Protección y Dignidad para el Colectivo

La ministra Saiz ha enfatizado la importancia de esta ampliación como un paso adelante en la protección de los trabajadores con discapacidad. El objetivo principal es garantizar una jubilación digna y adaptada a las circunstancias de aquellos que enfrentan mayores dificultades en la etapa final de su vida laboral.

Mecanismo Permanente de Actualización

Una de las características más relevantes del nuevo reglamento, que entrará en vigor antes del verano, es la creación de un mecanismo permanente de análisis.

Este sistema permitirá actualizar el listado de enfermedades de forma periódica, adaptándose a los avances científicos y a las nuevas realidades sociales.

Diálogo y Rigor Científico

La ministra ha destacado el “trabajo riguroso” de la comisión científica, que contó con expertos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), del Imserso y del CERMI. Este análisis exhaustivo ha sido fundamental para tomar una decisión basada en la evaluación científica y el rigor, reafirmando el compromiso del Gobierno para seguir ampliando los derechos de este colectivo.