CONTRATO DE GESTIÓN DEL AGUA POTABLE DESAPARECIDO EN ALMENDRALEJO
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El Ayuntamiento de Almendralejo ha reconocido oficialmente la ausencia del contrato de gestión del agua potable, firmado en 2006 con URBASER S.A. (actualmente SOCAMEX-Aqlara). Esta información fue revelada por la Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo, que lleva dos años intentando acceder a dicho documento mediante procedimientos legales.
Según la denuncia de la plataforma, durante casi dos décadas, la gestión y el cobro de un servicio público vital se han realizado sin que el Ayuntamiento tenga a disposición el contrato que define las condiciones y obligaciones de la empresa concesionaria. Tampoco se ha encontrado la ampliación del contrato aprobada en 2012.
La búsqueda de información por parte de la plataforma se ha topado con numerosos obstáculos.
Inicialmente, el Ayuntamiento afirmó haber remitido la documentación, lo que llevó al Defensor del Pueblo a cerrar el caso. Sin embargo, la plataforma nunca recibió los documentos cruciales. Tras dos años de insistencia, la respuesta final del Ayuntamiento fue la admisión de que el contrato no se encuentra en la unidad responsable.
La plataforma ha expresado su frustración ante esta situación. “Para cobrar el recibo del agua no parece haber ningún problema de localización documental.
Para encontrar el contrato que regula ese cobro, en cambio, la búsqueda se prolonga durante años… sin éxito”, lamentan. Consideran que, más allá de una “comedia administrativa”, el asunto es grave, ya que afecta “a un servicio esencial y al dinero de todos los vecinos”.
La importancia del contrato
El contrato extraviado es crucial, ya que establece aspectos fundamentales como las condiciones económicas acordadas, las posibles prórrogas y el equilibrio financiero de la concesión. La plataforma ciudadana denuncia que “si el contrato no se encuentra, la situación es gravísima. Y si existe, pero no se entrega, también”.
Solicitud de intervención al Consejo de Transparencia
Ante esta situación, la plataforma ha solicitado la intervención del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que obligue al Ayuntamiento a cumplir con la ley.
Insisten en que la transparencia “no es un favor que concede la Administración cuando le apetece. Es una obligación legal”.
