Acuerdo en el caso Dina: Periodistas se libran del juicio tras pedir perdón a Iglesias y Bousselham
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Los periodistas acusados en el caso Dina, relacionado con la filtración de información de una tarjeta de teléfono móvil perteneciente a Dina Bousselham, han alcanzado un acuerdo con las acusaciones particulares ejercidas por Pablo Iglesias y la propia Bousselham. Este acuerdo implica que los investigados han pedido “perdón” por haber entregado una copia de la tarjeta al comisario José Manuel Villarejo, lo que ha llevado a Iglesias y Bousselham a retirar sus acusaciones contra ellos.
Detalles del acuerdo
La negociación, que se concretó en las horas previas al juicio, ha eximido a los periodistas de sentarse en el banquillo de los acusados. La revelación de secretos, el delito del que se les acusaba, no puede ser sostenida únicamente por la Fiscalía en este caso, al no contar con el respaldo de los directamente perjudicados.
Inicialmente, Iglesias y Bousselham solicitaban una pena de tres años de prisión para los periodistas, mientras que la Fiscalía Anticorrupción había elevado la petición a cuatro años. Tras el acuerdo, el único que será juzgado es el comisario Villarejo, a quien se acusa de haber filtrado la copia de la tarjeta de Bousselham a los medios Okdiario y El Confidencial. La Fiscalía pide cinco años de cárcel para Villarejo, mientras que Iglesias y Bousselham solicitan cuatro.
En la primera sesión del juicio, Bousselham compareció ante el tribunal para ratificar su concesión de “perdón expreso e irrevocable”. Poco después, Iglesias participó por videoconferencia desde México, expresándose en términos similares.
Contexto del caso Dina
Los hechos que se juzgan se remontan a enero de 2016, en un momento en que Podemos y el PSOE estaban negociando un posible acuerdo de gobierno. Según la fiscalía, una persona anónima entregó en la sede del Grupo Zeta un sobre con la tarjeta micro SD del móvil sustraído a Bousselham. Los periodistas examinaron la tarjeta junto con un directivo y el presidente del grupo, Antonio Asensio.
Asensio decidió no publicar nada al respecto y contactó con Iglesias, creyendo que la tarjeta le “podía pertenecer”. La tarjeta contenía documentos internos de Podemos, datos bancarios, archivos de video y audio, así como documentos de carácter íntimo y personal. También incluía grupos de Telegram en los que participaban miembros de la cúpula del partido.
Tras la entrega a Iglesias, el Ministerio Público asegura que los periodistas fueron contactados por Villarejo, quien era una fuente “habitual”, y le entregaron una copia de la tarjeta micro SD, “conociendo que se trataba de un funcionario policial en activo”.
La filtración a los medios
Según la fiscalía, Villarejo, “actuando en abuso de sus funciones relacionadas con la inteligencia policial”, hizo copias de la tarjeta y las entregó “a periodistas de su círculo de confianza para que estos elaboraran y publicaran diversas informaciones en descrédito de Podemos y de (…) Iglesias”. Los fiscales presentaron una serie de artículos de los dos medios digitales como prueba de que el contenido del móvil sustraído en 2015 fue publicado a lo largo de 2016.
Cambio de rumbo en la investigación
Inicialmente, el juez Manuel García Castellón consideró a Iglesias y Podemos como víctimas de una maniobra del Ministerio del Interior. Sin embargo, posteriormente acusó a Iglesias de dos delitos y solicitó su imputación ante el Tribunal Supremo, donde estaba aforado.
El Supremo rechazó la imputación y devolvió a Iglesias su condición de perjudicado. Iglesias retuvo la copia de la tarjeta que le entregaron en el Grupo Zeta durante meses antes de informar de los hechos a Bousselham.
