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La confirmación del acuerdo entre el Cádiz CF y JP Financial para renombrar el estadio como JP Financial Estadio ha generado controversia en la ciudad, especialmente entre los partidos de la oposición.

Reacciones de la Oposición

Tanto Adelante Izquierda Gaditana (AIG) como el PSOE han criticado la operación, poniendo el foco en la naturaleza pública de la instalación. Ambos partidos políticos habían solicitado explicaciones al equipo de gobierno municipal desde que se hicieron públicas las primeras informaciones sobre el acuerdo.

Estas reacciones políticas surgen en un contexto marcado por la polémica en torno al expediente, iniciado en 2024, para estudiar la posible recuperación del nombre Carranza para el estadio. Este procedimiento no ha llegado a término y su documentación ha sido solicitada por diversos colectivos ciudadanos.

Debate sobre la Gestión Municipal y los Ingresos

Tras la confirmación del acuerdo comercial por parte del club, el debate político se centra ahora en el papel del Ayuntamiento en la gestión de un bien municipal y en el destino de los posibles ingresos derivados del *naming*.

AIG critica la “dejación de funciones” del Ayuntamiento

El portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, ha criticado duramente el acuerdo, recordando que el estadio es de titularidad municipal.

Según De la Cruz, la decisión sobre el nombre del estadio no debería corresponder a un consejo de administración, sino a la ciudad a través de sus instituciones democráticas. Considera que la actitud del Ayuntamiento supone “una clara dejación de funciones” al no defender el interés general frente a intereses privados.

De la Cruz también ha cuestionado el destino económico del acuerdo, argumentando que el estadio ha sido construido, reformado y mantenido con dinero público, por lo que los ingresos derivados del *naming* deberían revertir en la ciudad, ya sea en el deporte base, la mejora de instalaciones municipales o los servicios públicos.

Además, ha recordado el anuncio del alcalde, Bruno García, sobre la apertura de un expediente para estudiar la recuperación del nombre Carranza, calificándolo de “promesa irresponsable” y recordando que el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática es una obligación legal.

El PSOE exige transparencia sobre los ingresos generados

Por su parte, el portavoz municipal socialista, Óscar Torres, ha solicitado al alcalde que detalle los términos económicos del acuerdo y su impacto en las arcas municipales. Torres ha reconocido que es comprensible que el Cádiz CF busque aumentar sus ingresos, pero ha insistido en que el estadio es de titularidad municipal y cualquier acuerdo debe garantizar un retorno público. Ha subrayado la necesidad de saber cómo repercutirá este acuerdo en las arcas municipales, sugiriendo que los ingresos se destinen al deporte base y al mantenimiento de las instalaciones deportivas.

Torres ha recordado que el uso de nombres comerciales en instalaciones deportivas municipales es una propuesta histórica del PSOE de Cádiz, aunque ha recalcado que esta fórmula debe aplicarse con transparencia y con un beneficio claro para la ciudadanía.

El Futuro del Debate

Con el *naming* comercial en vigor, el debate político se centra en el papel del Ayuntamiento como propietario del estadio y en el alcance real del acuerdo alcanzado por el club.

Mientras el Cádiz CF destaca el impacto estratégico y las iniciativas sociales incluidas en el convenio, los grupos de la oposición insisten en conocer las condiciones económicas y el porcentaje que revertirá en la ciudad.