El PP defiende la “propiedad privada, económica e industrial” de la costa ante el aumento de la protección ambiental

El PP defiende la "propiedad privada, económica e industrial" de la costa ante el aumento de la protección ambiental
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El PP defiende la "propiedad privada, económica e industrial" de la costa ante el aumento de la protección ambiental

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El Partido Popular (PP) ha manifestado su preocupación ante la posible extensión de la protección del litoral español, argumentando que esto podría restringir los usos del litoral y acortar la duración de las concesiones.

Reacción autonómica ante la nueva normativa

Los gobiernos autonómicos del PP, liderados por la Xunta de Galicia, y con el apoyo de la Generalitat valenciana y la Región de Murcia, han expresado su temor a que la nueva normativa limite las ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) a solo 30 años, en comparación con los 75 actuales, y endurezca los requisitos para establecer negocios en la costa. También critican la posible ampliación del DPMT, que podría extender la línea de deslinde tierra adentro.

En una reunión celebrada en Madrid, representantes de varias comunidades autónomas, incluyendo Asturias, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Cantabria, Cataluña y Euskadi, abordaron este tema. Tras el encuentro, el Principado de Asturias, gobernado por el PSOE, emitió un comunicado para desmarcarse de la postura del PP, defendiendo un refuerzo de la protección frente a la liberalización.

Revisión del reglamento de Costas

La activación de esta nueva fase de oposición se produce ante la revisión del reglamento de Costas, motivada por un expediente sancionador de la Comisión Europea contra España por permitir ocupaciones del litoral sin justificación.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica han señalado que las críticas se están realizando antes de conocer el texto de modificación del Reglamento General de Costas, que será sometido a información pública.

La visión de los expertos

Joan Manuel Vilaplana, director del Observatorio de riesgos del Colegio de geólogos y geólogas de Catalunya, ha destacado la necesidad de replantear el ordenamiento del frente litoral ante el escenario de cambio climático. Vilaplana aboga por la renaturalización de la costa como la mejor defensa ante temporales e inundaciones, y plantea la necesidad de replantear el urbanismo y las infraestructuras.

La costa como derecho constitucional

El DPMT es un derecho reconocido en la Constitución Española, que busca proteger y garantizar el disfrute público de la costa. El Ministerio de Transición Ecológica subraya que este derecho debe ejercerse con usos adecuados que no comprometan la integridad física del litoral ni impidan su disfrute por parte de todos.

El PP cuestiona la delimitación del dominio que se realiza mediante el deslinde. El Gobierno valenciano ha reconocido que su ley de Costas pretendía impedir que esa línea interfiriera demasiado. La recuperación posesoria, un instrumento legal del Estado, se utiliza para recobrar bienes perdidos “indebidamente”.

Vilaplana considera que el DPMT es una herramienta valiosa, pero advierte que el incremento del nivel del mar y la intensidad de los temporales obligan a retroceder y liberar espacio. En este sentido, aboga por la planificación a medio y largo plazo, que podría implicar el traslado de infraestructuras.

Equilibrio entre protección y economía

El PP defiende la idea de mantener la costa como un recurso económico. En la Comunitat Valenciana, se busca una legislación que compatibilice la protección ambiental con la actividad económica sostenible. La Xunta gallega también aboga por una ley de costas que integre aspectos medioambientales, económicos y sociales. El Gobierno murciano solicita respuestas más ágiles y eficaces a las demandas de ciudadanos y sectores productivos.

A pesar de que no hay propuestas en ese sentido por parte del Ministerio de Transición Ecológica, los populares argumentan que el Gobierno “quiere eliminar cualquier vestigio de presencia humana del litoral antes de 2050”.

Vilaplana aclara que no se niega el valor económico del litoral, pero propone cambiar la forma en que se conciben y enfocan estas actividades. En su opinión, las generaciones futuras lograrán convivir con la naturaleza y adaptarse a sus pautas, ya que el mar acabará imponiéndose.