Nuevas Diligencias en el Caso de Ana Belén Pintado, 'Bebé Robada' en Campo de Criptana
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El caso de Ana Belén Pintado, vecina de Campo de Criptana (Ciudad Real), reconocida como ‘bebé robada’ en los años 70, ha experimentado recientes novedades procesales tras su reactivación a finales de 2025.
Hallazgo de un Expediente Anómalo
La investigación en curso, destinada a esclarecer las circunstancias de la adopción de Ana Belén, ha revelado la existencia de un documento que podría ser crucial para avanzar en este complejo caso, según su abogada, Itziar Bilbatua.
Recientemente, se ha detectado una irregularidad en el número de expediente de la adopción de Ana Belén, registrado en 1973 en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid. Según la abogada, dicho número “no existe”. Tras solicitar una copia del procedimiento, se descubrió que el número asignado corresponde a un juicio por una reclamación de una deuda, específicamente, una letra de cambio, y no a un proceso de adopción.
“Se le dio, en aquel juzgado, un número de procedimiento que no tiene nada que ver con una adopción”, explica Bilbatua, quien señala que se trata de un juicio cambiario para reclamar el pago de deudas relacionadas con cheques o letras de cambio.
Queja ante el Poder Judicial
A pesar de este hallazgo, la jueza a cargo del caso ha desestimado la solicitud de investigar este dato, que podría indicar una posible falsedad. La defensa de Ana Belén ha interpuesto una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, lamentando la falta de interés en la investigación.
“Es como si no hubiera ganas de investigar. Hemos pedido que se localice el expediente y que se analice. Es posible que así podamos avalar nuestra hipótesis: que no hubo abandono ni adopción sino robo directamente de la niña”, afirmó la abogada.
Declaraciones y Prórroga de la Instrucción
Hace poco más de tres meses, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 10 de Madrid tomó declaración a la madre biológica de Ana Belén, Pilar Villora, así como a una administrativa y dos matronas de la clínica María Cristina de Madrid, donde nació Ana Belén.
Aunque una de las matronas solicitó el archivo del procedimiento, su petición fue rechazada y la instrucción continuará hasta el 8 de agosto.
La abogada Bilbatua considera que “se sigue investigando pero se alimenta poco el derecho de defensa”, especialmente tras el rechazo a la propuesta de abordar el caso como una posible desaparición forzada, un delito que, según la defensa, “no es el único” en España.
La querella inicial fue presentada contra la Maternidad Santa Cristina en diciembre de 2022, por presuntos delitos de detención y sustracción ilegal y forzosa, alteración de paternidad/maternidad y falsedad documental en el contexto de crímenes contra la humanidad. Aunque el caso fue archivado en dos ocasiones, se reabrió a principios de diciembre de 2025.
Según la defensa, “Al día siguiente de nacer Ana Belén aparece el reconocimiento de la madre adoptiva como madre biológica. No hay documento de renuncia por parte de la madre biológica real. No hay nada. Incluso hay otro documento en el que los padres adoptivos – que ya fallecieron y que nunca le dijeron nada a Ana Belén- aparecen como ‘poco promocionados’. Es decir estaban a la cola de la lista para adoptar”.
La abogada Bilbatua concluye que todos los caminos siguen abiertos, y confía en la proactividad de la Fiscalía, aunque reconoce que no será un proceso sencillo. “Nos queda saber si la jueza considera o no que hay base para abrir juicio oral”.
Ley Estatal sobre ‘Bebés Robados’: Un Asunto Pendiente
Amnistía Internacional ha estado acompañando el caso y ha insistido en la necesidad de investigar y esclarecer los hechos para conocer la verdad sobre los casos de bebés robados, que califica como una “violación de derechos humanos”. La organización lamenta que su esclarecimiento se haya prolongado en el tiempo, generando incertidumbre y dolor en los procesos de búsqueda.
A pesar de la presentación de una primera proposición de ley en 2018, el Congreso de los Diputados aún no ha logrado aprobar una norma estatal sobre ‘bebés robados’. Amnistía Internacional considera que esta ley representa una oportunidad histórica para impulsar el esclarecimiento efectivo de estas violaciones de derechos humanos y para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
El Pleno de las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha aprobó por unanimidad en 2021 una declaración institucional instando al Gobierno de la Comunidad a solicitar a los Grupos Políticos del Congreso de los Diputados y al Gobierno de España que agilicen la tramitación de la Proposición de Ley sobre ‘bebés robados’ hasta su aprobación definitiva.
Amnistía Internacional aboga por que esta ley incluya asistencia integral a las víctimas, con servicios de orientación jurídica y acompañamiento psicosocial en todas las fases del proceso de búsqueda.
