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La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha solicitado un informe a la secretaría general del Ayuntamiento para determinar si existe incompatibilidad en el caso de Borja Suárez, concejal y presidente de la Diputación. La solicitud se produce tras revelarse la adjudicación de 12 contratos municipales a una empresa de catering en la que Suárez posee una participación del 33%.

Ayala ha indicado que el informe determinará si Suárez debe optar por mantener sus acciones en la empresa o su puesto como concejal.

Subrayó que este es un proceso administrativo, sin intervención política.

Según la alcaldesa, Borja Suárez ya había comunicado al consistorio que en febrero de 2023 cedió los derechos sobre sus acciones a una persona sin incompatibilidades.

Contratos Municipales y Autonómicos

Entre 2023 y 2025, el Ayuntamiento de Burgos y su sociedad municipal ProBurgos adjudicaron 12 contratos a Eventos El Espino SL. Los importes varían desde pequeños “coffee break” hasta cócteles para eventos europeos, superando los 6.600 euros.

Borja Suárez confirmó su participación en la empresa, que inicialmente fue del 22% y luego aumentó al 33%.

Además de las adjudicaciones municipales, consejerías de la Junta de Castilla y León también contrataron a la empresa. La Consejería de Medio Ambiente, por ejemplo, adjudicó servicios por valor de 3.300 euros en dos ocasiones en noviembre de 2023, y la de Economía pagó 2.200 euros por un vino español y un café en febrero de 2025.

Defensa del Concejal y Posibles Incompatibilidades

Suárez se ha defendido argumentando que su participación en la empresa constaba en su declaración de bienes.

Afirma que no existe conflicto de intereses, ya que es un concejal sin cartera y no participa en las decisiones ni en las mesas de contratación del Ayuntamiento.

Expertos señalan que esta situación podría encajar en un supuesto de incompatibilidad según la Ley 53/1984, que obligaría al cargo público a elegir entre su puesto o la participación societaria. Además, el artículo 71.1.g de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) establece una prohibición automática para que la empresa contrate con el Ayuntamiento mientras exista dicha participación, lo que podría implicar la nulidad de los contratos ya celebrados.