La senda costera de Santander: Crónica de un proyecto fallido y un trágico accidente
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La costa norte de Santander, un paisaje de acantilados escarpados donde el mar Cantábrico golpea con fuerza, fue el escenario de un ambicioso proyecto en 2014: una senda peatonal de diez kilómetros que uniría el faro de Cabo Mayor y la playa de la Virgen del Mar. Esta zona, la única sin explotar de la ciudad, fue objeto de un plan urbanístico que incluía un campo de golf, instalaciones deportivas y miles de viviendas.
La construcción de la senda costera, con plataformas y pasarelas de madera, se planteó como el primer paso de un proyecto mayor: el Parque Litoral del Norte, destinado a urbanizar cuatro millones de metros cuadrados en una zona de gran valor natural. Sin embargo, este plan urbanístico se frustró cuando el Tribunal Supremo anuló el plan de urbanismo de Santander en 2016.
Los vecinos de la zona, organizados en la Asamblea en Defensa de la Senda Costera, señalan que el proyecto de intervención fue aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Santander en 2002, doce años antes de su ejecución. En 2004, los responsables municipales se comprometieron a hacerse cargo del mantenimiento de la senda una vez finalizadas las obras.
El proyecto se retomó en la legislatura 2011-2015, con el objetivo de explotar turísticamente la zona. Se realizaron expropiaciones por valor de 400.000 euros, en un momento en que el Partido Popular controlaba todas las instituciones implicadas. La Demarcación de Costas y el Ayuntamiento iniciaron la construcción con el objetivo de “poner en valor un elemento turístico de primer orden”.
Sin embargo, la senda resultante no cumplió las expectativas. Se construyó un camino artificial de madera flanqueado por vallas que impedían la vista al mar en muchos puntos. La maquinaria pesada invadió el paraje natural, removiendo tierra y destruyendo formaciones geológicas.
Paralización de las obras y abandono
En otoño de 2014, tras una intensa movilización ciudadana, Costas y el Ayuntamiento de Santander accedieron a paralizar las obras, que habían sido adjudicadas a la constructora Dragados por 980.000 euros. Los vecinos consideraban que la intervención era “muy agresiva” con el medio ambiente, ya que se pretendía cercar tres kilómetros de acantilados.
A pesar del anuncio, las obras continuaron al día siguiente, y algunos vecinos se tumbaron frente a las máquinas en señal de protesta. Finalmente, las obras se detuvieron, pero la senda quedó a medio gas, sumida en el abandono y el deterioro.
Antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2015, se retiró parte del vallado, manteniendo solo “puntos conflictivos” del trazado para garantizar la seguridad de los peatones.
El coste de la fracasada senda ascendió a 635.000 euros de dinero público, el 65% del presupuesto inicial del proyecto. El Ministerio de Medio Ambiente pagó a la empresa Dragados 592.000 euros por las obras realizadas antes de la paralización y otros 43.000 euros por la liquidación del contrato.
La responsabilidad del mantenimiento de esta estructura abandonada ha sido objeto de controversia. El Ayuntamiento de Santander impulsó el proyecto, pero el acuerdo establecía que Costas se haría cargo de la obra y el municipio se responsabilizaría de su mantenimiento y reparación “una vez finalizada la obra”.
El problema es que la obra nunca se terminó, sino que se interrumpió abruptamente debido a la polémica generada y la cercanía de las elecciones, quedando abandonada a su suerte.
La tragedia de El Bocal
En febrero de 2017, se publicó un proyecto definitivo para reanudar las obras, con un presupuesto de 400.000 euros. El Ministerio de Medio Ambiente rechazó la mayoría de las alegaciones de los vecinos, pero aceptó retirar la valla en casi todo el recorrido, salvo en tres tramos concretos donde, por motivos de seguridad, mantuvo tres pasarelas. Precisamente una de estas pasarelas, ubicada junto a la playa de El Bocal, colapsó recientemente, causando la muerte de cinco jóvenes.
En 2019, un concejal solicitó al Ayuntamiento que exigiese a la Demarcación de Costas la limpieza y retirada del material abandonado tras la interrupción de la obra. El Ayuntamiento se comprometió a retirar los restos de la senda costera e iniciar un proceso participativo para redactar un nuevo proyecto, pero este plan nunca se llegó a ejecutar.
