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El Parlamento de Canarias está impulsando una nueva ley de autoridad docente en respuesta al creciente clima de conflictividad en las aulas de colegios e institutos públicos de la región. Informes sindicales señalan un preocupante aumento de vejaciones, insultos y agresiones físicas sufridas por los profesores, tanto en los centros educativos como a través de las redes sociales, lo que ha contribuido al desgaste de la figura del profesor.

Sindicatos Piden Recursos Concretos para la Prevención

Aunque los sindicatos reconocen que la figura del docente ya está amparada por la ley orgánica nacional, insisten en que la nueva normativa regional debe enfocarse en proporcionar recursos concretos. Gerardo Rodríguez, portavoz sindical, subraya que la autoridad no debe ser solo un concepto formal, sino que debe ir acompañada de herramientas de prevención. “No se trata solamente de castigar, se trata también de prevenir que al profesorado no le ocurra lo que está ocurriendo”, afirma.

Impacto en el Bienestar Docente

Esta atmósfera de tensión está afectando negativamente el bienestar de los docentes, con un aumento de casos de ansiedad y bajas médicas.

El sindicato ANPE Canarias ha detectado este incremento a través de su servicio de defensor del profesor y exige que la administración pública sea la encargada de brindar protección psicológica y jurídica. Pedro Crespo, presidente de ANPE, demanda un sistema “ágil y sencillo”, insistiendo en que “no tiene que ser ANPE ni ningún otro sindicato el que lo preste, tiene que ser la propia administración”.

Para ANPE, el reconocimiento legal de la autoridad docente legitima profesionalmente a los profesores para gestionar el aula y establecer normas de convivencia que las familias deben respaldar. Defienden que no se trata de autoritarismo, sino de crear un marco de respeto necesario para que los alumnos comprendan que “en la vida no todo vale”.

Respaldo Institucional a la Labor Docente

La Consejería de Educación enmarca esta ley dentro de una estrategia más amplia para fortalecer la convivencia escolar y dignificar la labor docente. El consejero Poli Suárez enfatiza que la ley no tiene un carácter punitivo, sino que busca ofrecer un respaldo institucional a los profesores.

“No podemos normalizar faltas de respeto, amenazas o agresiones al profesorado como si fueran parte del sistema educativo”, declara.

Inversión y Personal

Ante las críticas por la falta de recursos, la administración destaca una inversión de 315 millones de euros y un aumento de personal. Según la Consejería, se han duplicado los contratos de personal auxiliar para necesidades especiales, pasando de 941 en el curso 2022-2023 a 1.853, y se ha incrementado el personal docente especializado en más de 600 personas.

Próximos Pasos

El Gobierno canario también ha implementado un plan para reducir la burocracia y disminuir las ratios en diferentes niveles educativos. La ley continúa su curso parlamentario con el objetivo de lograr un consenso que permita su aplicación efectiva para mejorar la calidad educativa en el archipiélago.