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Córdoba se convierte esta semana en la sede del encuentro nacional de la Fundación Quién Sabe Dónde Global, marcando la primera vez que este evento se celebra fuera de Madrid. Del 5 al 7 de marzo, familiares de personas desaparecidas y expertos se reunirán bajo el lema ‘En su nombre, creación compartida para afrontar la ausencia’, con el objetivo primordial de impulsar el Estatuto de la Persona Desaparecida.

CÓRDOBA: UN APOYO CLAVE

La elección de Córdoba no es fortuita. Según Isidro Molina, padre de Paco Molina, desaparecido en 2015, las instituciones locales han demostrado un apoyo fundamental. “Siempre ha estado Córdoba por la labor de ayudar y acompañar”, señala, enfatizando la importancia de este respaldo.

Molina espera que las autoridades cordobesas ofrezcan su apoyo a las familias que llegarán a la ciudad.

Estos encuentros, organizados por la fundación, representan un respiro para las familias, un espacio donde se sienten comprendidas. Comparten experiencias y buscan soluciones, aunque el regreso a casa signifique enfrentarse de nuevo a la dura realidad.

ESTATUTO DE LA PERSONA DESAPARECIDA: UNA NECESIDAD URGENTE

El debate central girará en torno a la creación de un estatuto jurídico que proteja a los desaparecidos y a sus familias, quienes se encuentran en un limbo legal y administrativo. Isidro Molina denuncia la situación dramática a la que se enfrenta: tras diez años de la desaparición de su hijo, la ley podría obligarle a declararlo fallecido para resolver cuestiones de herencia. “Yo no sé si mi hijo está vivo o no lo está, pero no me pueden obligar a hacerlo”, afirma, criticando la desprotección que sufre el resto de la familia.

Este vacío legal genera un sufrimiento constante.

Tareas cotidianas se convierten en obstáculos burocráticos. Por ello, una de las mesas redondas del encuentro se enfocará en la justicia, buscando una mayor empatía por parte de jueces y fiscales, ya que, como insiste Isidro, “la justicia no puede seguir mirando hacia otro lado”.

UNA LUCHA DE AÑOS

La demanda de una regulación no es reciente. La lucha por el Estatuto de la Persona Desaparecida comenzó en 2015. Desde entonces, el camino ha sido lento, a pesar del apoyo del Centro Nacional de Desaparecidos.

Molina expresa su frustración ante la lentitud del proceso, especialmente cuando “hemos visto en otras ocasiones que se hacen leyes de la noche a la mañana”.

A pesar de las dificultades, las familias no se rinden. “Seguimos reivindicando”, asegura Molina, quien anhela un estatuto básico que proteja a los desaparecidos y a sus familias, una ley inicial que pueda “modificarse y ampliarse” con el tiempo. Finalmente, Molina agradece el esfuerzo de la fundación y pide a Córdoba que reciba “con cariño a todas estas familias”.