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El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado una nueva línea de subvenciones destinadas a incentivar que las comunidades de propietarios prohíban los apartamentos turísticos en sus estatutos. Esta iniciativa, gestionada a través del Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB), tiene como objetivo respaldar a las fincas que opten por blindarse contra esta actividad, ampliando así la oferta de alquiler residencial en la ciudad.

Detalles de la Subvención

La ayuda económica está diseñada para cubrir los gastos relacionados con la redacción o modificación de los estatutos comunitarios. Según Lourdes Ciuró, asesora jurídica del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL), las subvenciones pueden alcanzar hasta 2.500 euros por comunidad para la creación de nuevos estatutos. El presupuesto total asignado es de 56.000 euros anuales durante un período de cuatro años, y las solicitudes se atenderán por orden de llegada hasta agotar los fondos disponibles.

El propósito principal es facilitar que los vecinos lleguen a acuerdos para mitigar las consecuencias negativas de los pisos turísticos, que a menudo generan problemas de convivencia y un uso inadecuado de las áreas comunes.

Ciuró ha explicado que esta ayuda económica puede ser fundamental para aquellas comunidades que, a pesar de sufrir estas molestias, carecen de los recursos necesarios para cubrir los costos de modificar sus estatutos, especialmente si ya están afrontando gastos adicionales por obras de rehabilitación o mantenimiento.

Proceso de Solicitud Simplificado

El procedimiento para acceder a la subvención ha sido diseñado para ser “muy sencillo”. La comunidad debe estar legalmente constituida, poseer un NIF, estar al día con sus obligaciones tributarias y haber aprobado el acuerdo de modificación o creación de los estatutos en junta. Una vez completado el proceso, el acuerdo debe inscribirse en el Registro de la Propiedad.

El Col·legi d’Administradors de Finques ofrecerá apoyo a las comunidades para facilitar la gestión. “El administrador se encargará de formalizar unos estatutos nuevos o de modificar los existentes”, ha señalado Ciuró.

Desde el anuncio de las bases el pasado 27 de febrero, se ha detectado un notable interés y un “alud de llamadas” y peticiones por parte de las comunidades.

Críticas a Otras Normativas

Si bien esta iniciativa se enmarca en las políticas municipales contra la exclusión residencial, Lourdes Ciuró aprovechó la oportunidad para criticar otras normativas aprobadas por el Parlament de Catalunya, que en su opinión, provocan el “efecto contrario” al deseado.

La asesora jurídica denunció la “mucha inseguridad jurídica” que generan estas leyes, considerándolas un factor “disuasorio” para que los propietarios pongan sus inmuebles en el mercado del alquiler. “No tanta criminalización del propietario, que es el auténtico perseguido”, ha afirmado Ciuró, refiriéndose a las consecuencias negativas que, a su juicio, estas normativas imponen sobre ellos.

Frente a ello, ha defendido un modelo basado en la certidumbre y el apoyo. “Normas claras, normas que ayuden a poner vivienda en circulación a disposición de las personas para que sea asequible”, ha reclamado. En su opinión, este es el camino para aumentar la oferta de alquiler y responder a la demanda ciudadana sin expulsar del mercado a los propietarios.