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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido una sentencia pionera que obliga al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a indemnizar con 8.937 euros a una mujer residente en Lanzarote. La decisión judicial se basa en la discriminación sufrida por la trabajadora, a quien se le negó inicialmente el subsidio para mayores de 52 años, que era el más favorable para su situación, otorgándole en su lugar una prestación de menor cuantía durante casi tres años.

El Origen del Caso: Denegación y Subsidio Inferior

En marzo de 2019, la mujer, madre de tres hijos, solicitó el subsidio para mayores de 52 años. El SEPE, basándose en informes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), rechazó la solicitud argumentando que no cumplía con el periodo mínimo de cotización necesario para acceder a la jubilación.

Como consecuencia de esta negativa, se le concedió el subsidio por desempleo con cargas familiares, que representaba un ingreso diario de 5,64 euros, muy por debajo de los 15,44 euros que le habrían correspondido con el subsidio para mayores de 52 años. Esta situación se mantuvo hasta diciembre de 2021, cuando, tras una nueva solicitud, el INSS certificó que sí cumplía con los requisitos para el subsidio correcto.

La Batalla Legal y la Sentencia del TSJC

Inicialmente, la reclamación de la trabajadora fue rechazada por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Arrecife, que la consideró extemporánea.

Sin embargo, el TSJC revocó esta decisión, priorizando la necesidad de reparar una situación de discriminación.

La sentencia del TSJC se fundamenta en la discriminación indirecta por razón de sexo. El tribunal recuerda que el sistema de cálculo de cotizaciones para trabajadores a tiempo parcial, basado en un coeficiente de parcialidad, fue declarado nulo tanto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2019 como por el Tribunal Constitucional español. La razón es que este sistema penaliza mayoritariamente a las mujeres, que representan una parte significativa de las personas empleadas a tiempo parcial.

Implicaciones de la Sentencia: Perspectiva de Género y Retroactividad

Los magistrados aplicaron la obligación de incorporar la perspectiva de género en la interpretación de las normas. Al tratarse de una normativa declarada discriminatoria, el tribunal establece que la nulidad del sistema de cálculo a tiempo parcial debe aplicarse a las relaciones jurídicas nacidas antes de la sentencia europea.

Esto anula el argumento de la prescripción y garantiza una reparación integral.

El fallo del TSJC rechaza limitar la retroactividad a tres meses, como establece el artículo 53 de la Ley General de la Seguridad Social para nuevas prestaciones. Argumenta que no se trata de una ayuda nueva, sino de la modalidad correcta de un subsidio ya existente.

Consecuencias: Indemnización y Reparación del Perjuicio

Como resultado, el SEPE ha sido condenado a abonarle los 8.937,60 euros correspondientes a las diferencias que dejó de percibir entre el 27 de marzo de 2019 y el 13 de diciembre de 2021. La sentencia obliga así a una reparación completa del perjuicio causado por la aplicación de una normativa discriminatoria.