Escándalo de Viviendas Protegidas en Alicante: El Alcalde Barcala Niega Dimisión y Traslada Responsabilidades
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El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha rechazado dimitir tras el escándalo de las 140 viviendas protegidas en Les Naus, un proyecto con piscina y pistas de pádel en la playa de San Juan. La polémica surge por la adjudicación de algunas de estas viviendas a cargos del Partido Popular (PP), funcionarios del Ayuntamiento y personas cercanas al partido, situación que ya está siendo investigada judicialmente.
“No es el momento” de hablar de dimisión
Barcala, calificando el caso como “horrible”, argumentó que “no es el momento” para considerar su renuncia, remitiéndose a los tiempos del partido y asegurando contar con el respaldo del PP a nivel local, autonómico y nacional, según declaró en una entrevista radiofónica.
El alcalde defendió su decisión de incluir a Rocío Gómez (concejala de Urbanismo, quien ya ha dimitido tras ser adjudicataria de una vivienda) en su lista, argumentando que no era previsible lo sucedido. Destacó la dimisión de Gómez y de la directora general María Pérez-Hickman como muestra de su asunción de responsabilidad al frente del equipo de gobierno. Anunció además medidas como la convocatoria de un pleno extraordinario y la creación de una comisión de investigación.
Respaldo político y futuro electoral
En cuanto a su futuro político y su posible candidatura a la alcaldía, Barcala insistió en que no es el momento de tratar ese tema, recordando el respaldo explícito recibido por parte del presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, y de figuras del PP a nivel nacional.
Defensa de la gestión y derivación de responsabilidades
Barcala también defendió la legalidad de hacer negocios con la vivienda, tras la revelación de que tanto su esposa como su excuñada obtuvieron una VPO de iniciativa privada en 2006 destinada al alquiler. En este sentido, derivó la responsabilidad del caso de Les Naus a la Generalitat Valenciana, encargada de verificar que los adjudicatarios cumplieran con los requisitos exigidos.
El papel del Ayuntamiento y la Generalitat
El alcalde explicó que la supervisión del Ayuntamiento se limitaba a garantizar que la obra se ajustara al proyecto y que las viviendas construidas fueran de protección oficial. La empresa gestora, según Barcala, era la responsable de captar compradores, verificar que cumplieran las condiciones y trasladar los expedientes a la Conselleria de Vivienda para su visado. “Cada administración tiene su responsabilidad, nosotros hemos cumplido la nuestra. No se puede acusar al Ayuntamiento del trabajo que tenía que hacer la gestora y de la supervisión que tenía que hacer la conselleria”, sentenció.
Finalmente, Barcala insistió en que ha tomado medidas contundentes desde el inicio del caso, como la apertura de expedientes y la denuncia ante la Fiscalía.
