ONG bajo investigación en Canarias sigue atendiendo a mil menores migrantes
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La ONG Quorum Social 77, que gestiona 22 centros de acogida en las Islas Canarias, continúa atendiendo a cerca de mil menores migrantes a pesar de una investigación en curso por presuntos malos tratos. La investigación, denominada “Operación Cábila”, ha llevado al cierre de dos centros y a la detención de 15 personas, incluyendo la presidenta de la organización.
Cierre de centros y detenciones
El 19 de mayo de 2025, la Justicia ordenó el cierre del centro de menores migrantes La Fortaleza I, en Gran Canaria, debido a “numerosas evidencias y testimonios recibidos” sobre presuntos malos tratos. 67 días después, se clausuró otro centro en Agüimes, también gestionado por Quorum. En julio de 2025, la Policía Nacional registró la sede de la entidad y, en noviembre, un centro en Fuerteventura, donde fueron detenidos el subdirector y un educador.
Los delitos investigados incluyen lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos, atentado contra la integridad moral y amenazas hacia los menores no acompañados. Los últimos cuatro empleados fueron arrestados en Tenerife, tras un registro en un dispositivo de acogida en Puerto de la Cruz. Todos fueron puestos en libertad, y además se investigan cinco exempleados.
Fondos públicos y situación actual
Antes de la investigación, Quorum Social 77 era la entidad que más fondos públicos recibía del Gobierno de Canarias para la atención de menores migrantes, con 6,9 millones de euros en contratos. Actualmente, la ONG gestiona 22 centros con 997 menores acogidos. Además de los dos centros cerrados por orden judicial, otros tres fueron clausurados por la Dirección General de Protección a la Infancia debido a problemas con el espacio y las instalaciones.
La directora general de Protección a la Infancia del Gobierno canario, Sandra Rodríguez, ha justificado el mantenimiento de los contratos con Quorum argumentando que esperarán a una sentencia judicial. Además, señaló que otros centros de la entidad funcionan “muy bien” y que el recurso de Puerto de la Cruz sigue abierto porque “funciona correctamente” y las personas investigadas ya no trabajan allí.
Rodríguez afirmó que la entidad apartó de manera cautelar y despidió a los empleados investigados tras un requerimiento de la administración.
Denuncias de malos tratos
En 2024, menores acogidos en el centro de Arinaga, ya cerrado, denunciaron “palizas, golpes, amenazas y castigos desproporcionados” a la asociación El Taller La Isleta. También se denunció una sala de “castigo” en el hotel MyCity y la existencia de un supuesto “zulo” en el macrocentro de Hoya Fría, ambos gestionados por Quorum.
